En un comunicado, la comisión destacó que dicha norma representa una amenaza al ejercicio pleno de los derechos humanos de los migrantes, porque vulnera los principios de no discriminación, de igualdad jurídica y de libertad contra la detención arbitraria.
Asimismo, el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva lamentó que Florida, Michigan, Alabama, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia y Texas estén en favor de la ley SB1070.
La CNDH indicó que ante esa situación se ha monitoreado el desarrollo de los hechos en torno de las posibles violaciones a las garantías individuales que representa dicho ordenamiento.
Refirió que se dispuso que el personal de sus oficinas regionales en Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas, esté en las garitas por donde se presume se realizarán las deportaciones.
De igual forma se verificará al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que recibe a los connacionales deportados, para que los trate con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Aseveró que trabaja en forma coordinada con organizaciones como Ángeles de la Frontera, Human Borders, American Civil Liberties Union (ACLU) y Network Borders for Human Rights para articular acciones prontas y expeditas en favor de migrantes mexicanos.
La comisión recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su red consular en ese país debe ofrecer a los connacionales orientación, apoyo y asesoría legal, en el marco de su responsabilidad, para la salvaguarda y defensa de sus derechos humanos.
Además, la CNDH ofrece atención y orientación gratuitas las 24 horas del día, de lunes a domingo, por las eventuales violaciones a los derechos humanos por la aplicación de la Ley SB1070 en Arizona o de cualquier omisión por las autoridades consulares de México.