Lo anterior, luego de que el pasado 4 de octubre fuera aprobado un punto de acuerdo por el que los diputados exhortaron al Ejecutivo federal a que remita, a través de los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como la Procuraduría General de la República, un diagnóstico sobre la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país.
El punto de acuerdo, impulsado por el diputado del PRI, José Alberto González, hace referencia a un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el que se señala que en México no existe un registro nacional de casos relacionados con maltrato infantil, pese a que de forma numerosa son reportados a las distintas autoridades.
Agrega que un informe nacional elaborado por la Secretaría de Salud en 2008 y con los casos documentados por la Unicef, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Sistema Nacional de Información en Salud, se describe que “México es uno de los países más violentos del mundo”, pues desde hace 30 años mueren asesinados a diario dos menores de 14 años.
“Según datos de la Unicef, México, Estados Unidos y Portugal tienen el número más alto de niños muertos por maltrato entre los países miembros de la OCDE.
“Prueba de ello es que entre 1991 y 2002 se registraron siete mil 351 homicidios de menores de 15 años, mientras que en 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 677 casos”, señala el legislador priista.
Además, menciona que el castigo corporal a los niños es una práctica legalmente sancionada y culturalmente aceptada en la gran mayoría de los países.
“De hecho, el castigo físico hacia los niños es la única forma de violencia interpersonal consentida por la ley. Sin embargo, si tales castigos dejan huellas que permanecen, entonces se les considera maltrato”, aclara.
Concluye que a pesar de que en México existe la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que el Código Penal Federal establece una serie de sanciones contra quienes maltratan a los menores, en la realidad es uno de los grupos más vulnerables en el país.
Por ello, sugiere que es necesario establecer medidas de prevención y vigilancia para detener las prácticas de maltrato tanto físicas y psicológicas por padres, profesores, familiares y la comunidad contra los infantes.
Por lo anterior, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados plantea que en los centros educativos se incorporen especialistas en salud mental para identificar a los niños y adolescentes en situación de maltrato, ya sea físico o psicológico, a fin de brindarles la atención necesaria y evitar consecuencias emocionales de largo plazo.
Además, propone que en las comunidades rurales se implante el servicio social comunitario con psicólogos, con el objetivo de realizar campañas que permitan un acercamiento a la problemática que viven los niños y los adolescentes.
Del mismo modo, recomienda elaborar un diagnóstico para obtener datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores.
En su respuesta, la Secretaría de Salud menciona que la atención de la población infantil y adolescente es una prioridad.
Por ese motivo, manifiesta que el trabajo en contra de la violencia y maltrato infantil debe estar marcado por una colaboración interinstitucional e interdisciplinaria entre esta dependencia con la Secretaría de Educación, el DIF, y organismos no gubernamentales, toda vez que la violencia y maltrato infantil son un problema de tipo cultural y transgeneracional.
