La decisión forma parte del proceso judicial iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por una coalición de organizaciones de la sociedad civil en contra de dicha ley estatal.
Las secciones suspendidas hoy establecían como delito el realizar trámites ante el estado de Alabama sin acreditar estancia legal, y preveían que los contratos que se firmaran con una persona a sabiendas de que ésta se encontraba indocumentada no podían hacerse efectivos antes las cortes del estado.
El gobierno de México, junto con un grupo de 15 países latinoamericanos, interpuso un recurso de Amigo de la Corte el pasado 15 de noviembre ante la instancia judicial que emitió la suspensión adicional del día de hoy.
El gobierno de México, a través de la Embajada en Estados Unidos y el Consulado General en Atlanta, continuará dando seguimiento a este proceso judicial, con base en su compromiso inquebrantable de servicio y protección a los mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria.
