Asimismo, el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional planteó sancionar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas donde no se haya elaborado la gestión integral de riesgos.
Del mismo modo, sugirió que en los centros urbanos se lleve a cabo la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos, además se contemple el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana.
El senador señaló que el ordenamiento territorial se debe constituir como un instrumento estratégico para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y evitar la ubicación de éstos en zonas de riesgo.
Por ello, destacó que para garantizar el desarrollo del territorio, es necesario realizar una distribución equilibrada de la población y sus actividades económicas, tomar como punto de partida el aprovechamiento de la vocación y el potencial productivo de cada región.
Hizo notar que México, por su condición geográfica, está particularmente expuesto a fenómenos naturales de gran intensidad como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, sequías e inundaciones, que han ocasionado grandes pérdidas económicas y humanas.
Refirió que cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) consignan que en el periodo de 1990 a 2010 ocurrieron 75 eventos de diversa magnitud y naturaleza que dejaron más de 3 mil 500 personas fallecidas, miles de damnificados y daños a la economía por más de 250 mil millones de pesos.
Indicó que 87.7 millones de mexicanos residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de los cuales 70 por ciento habitan en zonas urbanas, 9.5 por ciento en semiurbanas y el resto rurales.
Sólo en el periodo 2000-2010 más de 15 millones y medio de habitantes fueron afectados por tres tipos de fenómenos hidrometeorológicos, agregó.
De ahí, mencionó, que el objetivo de la iniciativa es fortalecer las capacidades locales para contrarrestar los impactos ambientales en las ciudades, fortaleciendo y haciendo más rigurosa la legislación nacional, en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.
El Senado de la República debe promover instrumentos legislativos que impulsan una política territorial de apoyo a las ciudades y principalmente a las pequeñas comunidades, enfatizó.
El documento se envió a las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.
