Los legisladores Javier Salinas Narváez y Luis Manuel Arias Pallares exigieron además al partido gobernante y a los funcionarios emanados de sus filas no utilizar este argumento de supuestamente recabar recursos y sufragar programas como aquéllos para en realidad perjudicar aún más con la aplicación del IVA en alimentos y medicinas a quienes ya de por sí están perjudicados.
Salinas Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Social, incluso advirtió que se generaría riesgos de estallido social si se elimina la tasa cero en ambos tipos de productos básicos, pues sería terrible no sólo para los trabajadores, en lo particular, sino también para los mexicanos en general, especialmente los más pobres.
Es cierto –dijeron- que el Estado Mexicano debe tener recursos para aplicar aquéllos y otros programas y para fomentar la inversión, pero lo procedente es que el fisco cobre impuestos a las grandes empresas nacionales y transnacionales en lugar de privilegiarlas y hacerles devoluciones millonarias por concepto de IVA.
“¿Cómo no ponen el pretexto de falta de recursos cuando se hacen devoluciones millonarias a empresas transnacionales por ese concepto?”, cuestionó por su parte Arias Pallares, también integrante de esta Comisión.
Consideró que en realidad se trata de falta de voluntad política y no de recursos por parte del gobierno y su partido, pues hay suficiente para instrumentar y no dejar en letra muerta programas como los mencionados si, además, se investigara y persiguiera a gobernantes y líderes sindicales para recuperar los recursos que indebidamente se llevaron y que supuestamente era para sus gobernados y representados.
“Los líderes piden los recursos para un derecho, para un beneficio del trabajador y terminan, como ya lo vimos, en sus manos. Si se les investigara y persiguieran, muchos de ellos estarían igualmente tras las rejas. Dicen que no hay recursos, pero con lo que solapan, cómo los va a haber”, denunció.
Igual –dijo- pasa con ex gobernadores como Andrés Granier Melo, de Tabasco, cuya hija tiene en sus cuentas personales tres mil millones de pesos, 400 millones más que los dos mil 600 millones por lo que únicamente, al parecer, se encarceló a Elba Esther Gordillo.
Javier Salinas, a su vez, señaló que si se taparan los hoyos de la corrupción y de la evasión fiscal se podrían costear, además del seguro del desempleo y la ampliación del servicio de guarderías, la pensión no contributiva y la mayor cobertura y calidad en educación y salud.
Por eso, la propuesta del GPPRD es avanzar no sólo en estos temas, sino también en una reforma hacendaria integral que termine con las devoluciones indebidas, la elusión fiscal, los privilegios hacia las grandes empresas y la entrega indebida de recursos a ciertos líderes, como recién sucedió con la dirigencia de los petroleros.
Por lo demás, agregó, temas como el seguro del desempleo no debieran preocupar tanto si el gobierno fomentara la inversión productiva y la generación de fuentes de empleo formales, de modo que se abatiera precisamente el alto desempleo existente en el país.
En este contexto, el seguro debería ser sólo una alternativa para los trabajadores de empresas que, bajo ciertas coyunturas y circunstancias, se vean obligadas a cerrar o a recortar personal, con lo que se ayudaría a que éstos no cayeran en la informalidad.