En dicha modificación sería necesario establecer “que la fiscalización se haga antes de la calificación de las elecciones, sean de diputados, senadores o presidente de la República", indicó en entrevista.
Ante el presunto rebase en los topes de gastos de campaña durante el periodo de proselitismo político, también debería establecerse en una futura reforma que dicha situación sea causal de nulidad, pues en estos momentos no lo es, abundó.
"Es evidente que tenemos una legislación electoral deficiente en este aspecto, donde el posible uso de recursos indebidos no es causal de nulidad y además los informes de fiscalización están tarde. Tienen que estar anticipadamente, tienen que estar antes de la toma de posesión de quienes han sido elegidos", opinó el también académico.
Sobre la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) para investigar el caso Monex, el responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elección de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reiteró que ese organismo sí tiene las atribuciones necesarias para ello y puede ser a solicitud de algún partido político.
En su opinión, los consejeros del IFE tuvieron una interpretación limitada del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) porque "la compra de votos está explícitamente como delito electoral, pero no está explícita en el Cofipe", por lo cual consideraron que no tienen atribución.
No obstante, observó que "la compra del voto vulnera la libertad de la omisión del sufragio" y ello "es una violación al Artículo 4 del Cofipe, porque ahí se establece que el sufragio tiene que ser libre".
En este contexto, Santiago Castillo hizo notar que la Unidad de Fiscalización está obligada a rendir un informe sobre las investigaciones que lleva, pero debe ser cuando concluya cada caso, pues no puede emitir informes de carácter parcial porque éste es un principio en las investigaciones jurisdiccionales.
"Dar a conocer informes parciales puede poner en alerta a algunos responsables o señalar a alguien que pareciera que es responsable, pero al final resulta que no lo es. Por eso es necesario esperar hasta que se concluya la investigación correspondiente", aclaró.
A pregunta expresa, respondió que no existe un mecanismo legal para obligar a dicha unidad del IFE a dar información de una investigación en proceso, "pero desde mi punto de vista esa es una deficiencia de la ley electoral actual" que podría dar origen a una reforma futura en la materia.