Al sostener una reunión de trabajo con el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Joel Ortega Cuevas, los integrantes de esta instancia legislativa presidida por Laura Barrera Fortoul (PRI), señalaron que la Cámara de Diputados aprobó, en su momento, gran cantidad de recursos federales para obras públicas, por lo que consideraron que “no es ocioso” que se haya acordado una reunión con el funcionario del gobierno capitalino.
Aseguraron que a este encuentro se sumarán las comparecencias de otros servidores públicos para abordar el asunto de la Línea 12 del Metro, pues, dijeron, “es derecho y obligación de los diputados exigir la rendición de cuentas”.
En la ronda inicial de preguntas, el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) recordó que en recientes fechas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) acusó al gobierno del Distrito Federal de no haber justificado debidamente el ejercicio de 489 millones de pesos en las obras de la Línea Dorada.
Por tanto, continuó, la SFP solicitó se reintegraran estos fondos a la Federación. Rodríguez Doval cuestionó si esto se llevará a cabo, además de solicitar conocer las razones de por qué tal monto no se justificó.
Pidió informar si la inauguración de la Línea 12, el 30 de octubre de 2012, se realizó “cuando realmente estaba lista para su funcionamiento o si se efectuó con base en motivaciones políticas”.
Respecto a las reparaciones, preguntó: “¿cuánto más costará a los contribuyentes?, pues ya nos costó miles de millones de pesos y ¿cuánto tiempo va a durar la reparación?”.
Asimismo, pidió a Ortega Cuevas explicar si las garantías y fianzas que se le dieron al Distrito Federal serán cobradas, pues en el contrato con ICA, Carso y Alstom esto se estipula en el caso de no cumplirse los requisitos técnicos.
En relación al tema, el diputado también del PAN, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, sostuvo que en documentos oficiales se establece una partida especial para resarcir daños a casas y negocios afectados por la obra de la Línea 12, algo de lo que se encargaría el consorcio, y que hasta la fecha no se ha llevado a cabo.
Cuestionó el tema de la contratación de trenes, “que ha causado mucha confusión”, ya que se han dado varias acusaciones por parte de las empresas y de los funcionarios públicos, respecto al conocimiento de si éstos serían cambiados o no.
Explicó que se eligieron trenes de la empresa CAF, los cuales son incompatibles con las vías y distintos a los tres mil ya existentes de las empresas Bombardier, Concarril y Alstom, además de que las nuevas unidades son únicamente rentadas y no pertenecen al Gobierno del Distrito Federal.
Abundó que se gastaron 22 mil millones de pesos para adquirir los nuevos trenes, mientras que otras empresas ofrecían 35 unidades por montos de entre 5 mil millones y 8 mil millones de pesos, además de que éstos no serían rentados, sino que pasarían a ser activo del DF.
“¿En qué momento se le pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o a la Cámara de Diputados que la deuda pública de la Ciudad de México aumentara por la adquisición de estos trenes?”, inquirió.
Por su parte, Carlos Augusto Morales López (PRD) consideró oportuna la decisión de tutelar la seguridad de los usuarios de la Línea Dorada, algo que “hace manifiesta la sensibilidad del Gobierno del DF ante la problemática”.
Subrayó que los diputados estarán vigilantes del proceso de investigación, pues “es un tema de interés para nosotros, al que buscamos se llegue a un buen término, se esclarezca, y sobre todo, que como diputados colaboremos para contribuir a que tenga un buen fin”.
En respuesta a las interrogantes, Joel Ortega Cuevas estimó que se reanudará el servicio de la Línea 12 en alrededor de seis meses, y dependerá de los resultados del estudio que realice la empresa francesa TSO, del equipo disponible y de los parámetros fijados que se pueda garantizar la seguridad de los usuarios.
Refirió que antes de su inauguración, la llamada Línea Dorada “estaba fuera de estándares de seguridad en materia de los movimientos horizontales y verticales, que generaba un fenómeno de bamboleo”.
Tras reiterar las fallas técnicas por las que se suspendió hace un mes el servicio en once estaciones de la Línea 12, afirmó que el gobierno defenderá los recursos que están ahí y, por supuesto, “es fundamental que el consorcio constructor cumpla con sus responsabilidades”.
No obstante, advirtió que “se está ante la probabilidad de que el consorcio determine que no quiera reparar la línea. Como servidores públicos tenemos que apostar primero a que sí reparen ellos la línea”. La mesa de trabajo establecida por la Secretaría de Obras, ha incluido al consorcio de constructoras -ICA, Carso y Alstom- y CAF, la empresa que rentó los trenes.
Afirmó que este problema no se solucionará si no se resuelve lo que pasa con la rueda y el riel. La mejor rehabilitación de la línea es lograr una revisión exhaustiva de lo que ocurre y resolverlo, refrendó.
“El que llevemos un mes todavía sin acciones más fuertes de mantenimiento se debe a que estamos ante un imponderable, y este tiempo ha permitido centrar y acomodar la discusión con el consorcio. “Tenemos prisa por regresar el servicio a los usuarios, pero tampoco, no por las prisas, haremos mal las cosas”.
Agregó: “Ya tuvimos una amarga experiencia en esta línea; preferimos que se hagan las cosas en su tiempo, con celeridad, con buen paso. Espero que podamos cumplir en ese tiempo”, dijo.
También indicó que el costo total del proyecto de la Línea 12 del Metro no se ha cerrado, porque el consorcio ingresa todavía facturas, ya que a 14 meses de haberse iniciado el servicio no se han terminado algunas obras y no han sido pagadas las facturas.
Ante la petición del diputado José Isidro Moreno Árceaga (PRI), para que los legisladores de la Comisión del Distrito Federal realicen una visita a la Línea 12 del Metro, indicó que “no hay ningún inconveniente”, pues prácticamente se encuentra igual que cuando se suspendió el servicio, dijo. Explicó que hoy se inician las acciones para parametrizar la línea.
En el segundo bloque de preguntas y respuestas, la diputada Margarita Saldaña Hernández (PAN) cuestionó cuándo volverá a operar el Metro de la Línea 12 y cuánto será el costo de las reparaciones. El diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI) formuló la misma interrogante, y propuso visitar las instalaciones de la Línea 12.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) preguntó qué acciones administrativas o judiciales se han realizado para salvaguardar los derechos del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y remediar el problema.
Cuéllar Steffan adelantó que presentarán un punto de acuerdo por el que se exhorta al STC, a la Consejería Jurídica de Estudios Legales del Distrito Federal y al Departamento Jurídico del Metro a ejercer las acciones de inmediato, a fin de salvaguardar los derechos del propio Metro y del Distrito Federal.
“El exhorto sería en el sentido de no otorgar concesiones a los contratistas que pudieran llegar a impactar negativamente a los derechos que derivan de los contratos de fianzas. Cualquier transacción, cualquier convenio que modifique las obligaciones por mínimo que sea a favor de las contratistas, impacta negativamente en el contrato de fianzas en perjuicio del Distrito Federal”, dijo.
En la tercera ronda, el diputado Alejandro Sánchez Camacho (PRD), ofreció una disculpa pública a la ciudadanía afectada por la suspensión de operaciones de la Línea 12, pero expresó que lo más importante es la seguridad de los usuarios.
En su momento, Israel Moreno Rivera (PRD) criticó que los legisladores del Estado de México no apoyen las iniciativas que beneficien al Distrito Federal como la que da accesibilidad a la Ciudad de México, cuando existen siete millones de mexiquenses que entran a la capital a través del Metro.
“Es lamentable escuchar a los compañeros del PRI y del PAN decir que están preocupados porque el Metro no avanza, cuando hubo tiempos en que ni siquiera le aportaban recursos al Distrito Federal”, dijo
En su oportunidad, el diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) pidió no partidizar los temas sino actuar con institucionalidad, y cuestionó si se actuará con apego a derecho en la investigación.
En respuesta, el titular del SCT indicó que lo que se ha tratado de hacer ahora es prever una falla, la cual “no es predecible, no es un cálculo que diga en tal momento va a ocurrir; es responsabilidad de un servidor público identificarlo y actuar en consecuencia”.
Al finalizar la reunión, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), pidió al funcionario separarse de su cargo con el objetivo de que se abra una investigación correcta y adecuada de la Línea 12.
Al inicio de su intervención, Ortega Cuevas, reconoció que de acuerdo con los expertos que evalúan las fallas de la Línea 12, la situación que presenta no es de fácil solución, por lo que las 11 estaciones cerradas permanecerán fuera de operación por tiempo indefinido, hasta que brinden plena seguridad.
Responsabilizó, además, al consorcio constructor, conformado por ICA, Alstom y Carso, de no cumplir cabalmente con el mantenimiento ni las correcciones a la línea, que por contrato le corresponde, motivo por el cual, dijo, se presentó una nueva denuncia o ampliación a la presentada el pasado 12 de febrero ante la Contraloría General del Distrito Federal.
Abundó que pese a que el 8 de julio de 2013, el Proyecto Metro le entregó al SCT la minuta que convierte de provisional a definitiva la Línea 12, no la exime de las obligaciones ni al consorcio respecto al mantenimiento, toda vez que cuando se detectaron las irregularidades transcurría el tiempo de garantía de los sistemas electromecánicos, de octubre de 2012 a octubre de 2013.
“Se ha hablado mucho del tema del mantenimiento. Es claro que la responsabilidad del consorcio constructor, de acuerdo con la entidad creada ex profeso, llamada Proyecto Metro del DF (PMDF) consistió en otorgar dicho mantenimiento en forma correcta, a tiempo y con suficiencia”, subrayó.
El funcionario recordó que dos meses antes de la inauguración de la Línea Dorada, en tres ocasiones, entre agosto y septiembre de 2012, el STC levantó fe de hechos ante el notario público número 64, Luis Gonzalo Zermeño Maeda, por los movimientos verticales atípicos denominados bamboleos, en este caso, en 38 puntos de la vía.
Dijo que cada una de las fallas que se iban presentando, fueron señaladas al consorcio por parte del STC, con el fin de hacer exigible el mantenimiento adecuado en la Línea y para tal fin se le dio acceso permanente a su personal.
Indicó que previo a la suspensión de las 11 estaciones, se produjo la fractura de 17 cojinetes de resbalamiento de aparatos de dilatación, los cuales fueron sustituidos. Adicionalmente, durante el mes de febrero se fracturaron 302 placas de fijación de riel en curvas, por ambas vías.
Abundó que, ante ello, el gobierno del Distrito Federal encargó una evaluación técnica a TSO, empresa ferroviaria francesa, la cual identificó daños en vías, ruedas, durmientes y piezas de fijación. Desgaste ondulatorio generalizado en las dos filas de rieles en curvas; fisuras o fracturas de durmientes, además de fallo de fijaciones de riel especialmente en curvas; atrición o abrasión del balastro.
También, componentes dañados como bridas, agujas dañadas por las ruedas de los trenes, desgastes excesivos y diferencias en el diámetro de las ruedas de un mismo eje del bogie de los trenes.
Respecto de la certificación contratada por el Proyecto Metro, dijo, ésta no incluyó a los trenes ni a la vía, sino la operación en seguridad de los sistemas electromecánicos de señalización, pilotaje automático, mando centralizado, energía eléctrica en alta tensión y de rectificación, telefonía directa y automática, así como la telefonía de trenes.
Asimismo, dijo que de acuerdo con los certificadores, dentro de los alcances de su contrato no estuvo contemplada la revisión del diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de los trenes.