Al reunirse con el grupo de senadores que sigue las negociaciones del acuerdo, el miembro de la Sociedad de Internet de México AC, Luis Miguel Martínez, dijo que este proceso no ha sido el adecuado por la falta de transparencia.
El activista manifestó su preocupación por la posibilidad de que una organización extrajudicial pueda bloquear o interferir en el acceso de las personas a Internet, así como el exceso de regulación concedido a través del acuerdo.
Además, puede tener implicaciones en otros ámbitos legales que limiten el desarrollo tecnológico, así como la libertad de expresión y privacidad con el acuerdo, subrayó Martínez.
En su turno, el presidente de la “Asociación Al Consumidor”, Daniel Gershensom, afirmó que el tratado “parece más bien un traje a la medida de las empresas estadunidenses, ya que surgió de una inquietud que no sirve al interés público”.
“Aprobar el ACTA es un error de proporciones históricas, ya que limita la democratización del conocimiento, convierte a los proveedores en policías del pensamiento y en sus alcances está condenado al fracaso”, expresó.
A su vez, el director general de Editorial EDERE, José Ángel Quintanilla, detalló que el daño al erario público en México por las descargas ilegales de material protegido en Internet alcanza más de 20 mil millones de pesos por concepto de IVA al año.
Quintanilla D'Acosta consideró que el ACTA no afecta la intimidad ni privacidad de los usuarios de internet, porque no intervendrán los particulares en las acciones que correspondan a las autoridades, señaladas en la legislación actual.
El senador Federico Döring Casar anunció que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) tomó la decisión de no apoyar ACTA, ya que “está mal hecho y es inconstitucional”.
Aseguró que “por lo menos de aquí a agosto de 2012 no puede pasar una ratificación ni una reforma constitucional en el Senado, si no tiene el voto de la bancada del PAN” ya que “el ACTA no es viable”.
Sin embargo, advirtió que los intereses que están detrás del tratado, no se van a extinguir con las elecciones del 2012, ya que “puede resucitar con el nuevo presidente o presidenta de la República y con los nuevos senadores y diputados”.
A su vez, la senadora Beatriz Zavala Peniche expresó que algunos de los puntos del convenio “nos parecen delicados”, debido a que pueden vulnerar la Constitución y contradecir distintas leyes mexicanas.