En un punto de acuerdo que aprobó el Pleno en votación económica, la asamblea también pidió a la Profepa un reporte en el que se detalle si existen elementos o no para formular denuncia ante el Ministerio Público Federal, por los actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales.
En la consideraciones del dictamen, los senadores reiteraron que dada la cercanía de “Dragón Mart” con el Área Natural Protegida “Arrecife de Puerto Morelos” y la presencia del sistema de aguas subterráneas de la península de Yucatán en el subsuelo donde se encuentra asentado, “podría afectar el sensible y estratégico equilibrio ecológico de la región en caso de no apegarse a la normatividad ambiental”.
Recordaron que el 26 de enero de 2015, la Profepa dio a conocer la clausura del proyecto, tras haber constatado el incumplimiento de las medidas correctivas que le había ordenado, así como la afectación ambiental derivada de la remoción de la vegetación natural a causa de las obras de construcción.
Además, el 10 de febrero se anunció que se solicitó investigar a funcionarios federales en Quintana Roo, involucrados en la aprobación de Dragon Mart Cancún.
