Coordinación, no subordinación, propone más recursos, más autonomía y menos control, ésa es la ecuación del verdadero federalismo hacendario y no la fantasía que se vive en nuestro país, manifestó el senador Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara alta.
La anarquía fiscal que padece el país se debe a una histórica tendencia del centro a tratar a los gobiernos locales como subordinados, y no como colaboradores en el propósito de impulsar el desarrollo nacional.
“El sistema federal mexicano, en su capítulo fiscal, que en teoría está planteado como un modelo para eficientar los recursos, acabó por convertirse en una subordinación degradante de los gobiernos subnacionales al poder del Ejecutivo. Esta dependencia, además de sofocar la creatividad de los gobiernos locales para allegarse recursos, los desalienta para dar cumplimiento a sus responsabilidades recaudatorias”.
El también exalcalde de Ciudad Juárez explicó que si bien el “ahorcamiento” financiero que sufren los estados y municipios se debe al uso errático de los recursos y a una deficiente calidad administrativa, el problema de fondo es el “temor de algunos actores a transformar la política fiscal desde sus raíces, pues, en la actualidad, las bases de la coordinación fiscal son instrumentos de un poder centralista que a su más completo arbitrio determina los impuestos nacionales”.
De ahí que, abundó, “difícilmente el gobierno central, que tiene para sí casi cuatro quintas partes del ingreso fiscal, esté dispuesto a fortalecer la autonomía de los gobiernos locales”.
Para contrarrestar este panorama, Galindo sugirió ir más allá de las medidas de emergencia y concentrarse en armar un marco jurídico que redistribuya las facultades tributarias, con el propósito de que tanto estados como municipios estén en posibilidades de vigorizar sus procesos de administración, recaudación y fiscalización de los recursos.
“Un nuevo pacto federal en materia hacendaria tendría que incluir la voluntad genuina de la clase política para favorecer la vinculación entre la actividad económica local, la actividad tributaria derivada de esa dinámica económica y la integración del presupuesto, pues hoy en día la ley no contempla que la actividad económica que genera tributo impacte en algún porcentaje de manera directa a los presupuestos locales”.
Con ello, “se estaría otorgando autonomía financiera suficiente para que los desequilibrios macroeconómicos no tuvieran un impacto tan grave en el ámbito local y, en sentido contrario, lo constituiría en dique de contención y punto de partida de la recuperación, que en este tiempo tanto requerimos”, finalizó.