"Por ello debe haber necesariamente una investigación rápida, minuciosa e independiente", pidió Pillay al presentar un nuevo informe de la ONU sobre la situación en el este de Ucrania.
Sin embargo, el informe no aborda el accidente, pues fue elaborado poco antes del mismo. Los combates en la región tampoco permiten una investigación internacional independiente.
El informe llega a la conclusión, entre otras, de que los separatistas reciben órdenes de muchos rusos. Desde mediados de abril hasta mediados de julio en el conflicto murieron al menos 1,129 personas y más de 3,400 resultaron heridas.
"Las dos partes deben evitar que mueran aún más civiles", exigió también Pillay. Tanto la actuación de los separatistas como del Ejército debe calificarse en determinadas circunstancias una violación al derecho internacional y ser perseguida. En los combates en Donetsk y Lugansk las dos partes utilizaron armas pesadas en zonas residenciales, como artillería, cohetes o tanques.
Los separatistas someten a gran parte de la población en el este de Ucrania a un "régimen de terror", dice el texto. Para reforzar su poder, los separatistas secuestran, encierra, torturan y ejecutan a la gente.
El texto constata también que a la cúpula de los rebeldes, bien armados y organizados, pertenecen "muchos ciudadanos de la Federación Rusa", "entrenados y endurecidos por su experiencia en conflictos como los de Chechenia y Transnistria (en Moldavia)". Además, los rebeldes tienen armas de guerra pesadas como artillería de defensa antiaérea.
Expertos de la ONU también acusan a los separatistas de llevar a cabo ataques calculados contra infraestructura pública, por ejemplo para el suministro de agua o energía.
"Los bancos fueron saqueados, las minas de carbón atacadas", añade el texto. "Las líneas de ferrocarril volaron por los aires. Los hospitales fueron obligados a cerrar sus puertas y de esta forma la atención médica básica y de urgencia es escasa o nula".
De esta manera los combates se convierten también en un arma económica para el resto del país, que depende de la producción industrial de las áreas en conflicto. Donetsk y Lugansk son el centro de la minería de carbón, de manufacturas de acero y otras industrias pesadas. Muchas empresas tuvieron que dejar de operar por motivos de operar y las que siguen trabajando sufren frecuentes cortes de energía.
Todo ello tendrá un impacto en el resto del país, que ya sufre recesión económica y una alta inflación que se ha disparado al 16 por ciento, apunta el texto. Sin contar con el coste que tendrá la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.
El gobierno de Kiev ha estimado que la revitalización económica del este costará en torno a 750 millones de dólares. Por ello el ejecutivo ya ha propuesto recortes en el gasto social, incluyendo subsidios a desempleados y discapacitados y los gastos en educación y sanidad.
Pero el conflicto no sólo daña la economía, sino también la estructura social, pues el gobierno apenas ha sido capaz de atender adecuadamente a las 95,000 personas que huyeron del este de Ucrania a la zona occidental del país, que no han podido encontrar una vivienda adecuada, conseguir empleo, reactivar sus negocios o escolarizar a sus hijos.
A ello se une la discriminación y discurso del odio que ha incentivado el conflicto, señala la ONU citando informaciones de ataques contra bancos o negocios de rusos a quienes acusan de financiar a los rebeldes. También los desplazados sufren discriminación, pues los medios los acusan de evadir el servicio militar e incluso las autoridades desconfían de ellos y creen que podría tratarse de separatistas que se hacen pasar por refugiados. (DPA)