La Comisión para Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sólo había acusado previamente al régimen de Bashar al Assad de cometer crímenes contra la humanidad.
Pero en el nuevo informe presentado hoy, la comisión afirma que varios grupos islamistas rebeldes detuvieron y torturaron a civiles kurdos de forma sistemática en la provincia de Al Rakka.
Según la comisión, presidida por el diplomático brasileño Paulo Pinheiro, hay evidencias de que el grupo Estado Islámico de Irak y Siria, el Frente al Nusra, la brigada Ahrar al Sham y el batallón Shahid Walid Al Sukhni tienen centros de detención y tortura.
"Los actos cometidos por los grupos armados no gubernamentales citados en áreas bajo su control contra la población suponen torturas y tratos inhumanos y son crímenes de guerra y, en el contexto (de Al Rakka), crímenes contra la humanidad", afirmó la comisión. También acusa a grupos rebeldes de reclutamiento forzoso de niños.
Las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas continuaron también cometiendo de forma sistemática asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones masivas, denuncia el informe, elaborado el 15 de julio de 2013 y enero de 2014 en base a pruebas recopiladas y 563 entrevistas con testigos, ya que a los expertos se les negó la entrada en Siria.
Las tropas leales al presidente cometieron crímenes de guerra sobre todo en Alepo y otras ciudades, mediante bombardeos masivos y el lanzamiento de bombas de barril sobre zonas residenciales, y ni siquiera mostraron compasión con los heridos que buscaban ayuda, explica el grupo de expertos.
La Comisión para Siria destacó también que unas 250,000 personas viven bajo constantes ataques en zonas asediadas y que ambas partes en conflicto les niegan el acceso de ayuda humanitaria, alimentación y suministro de medicinas. A los afectados sólo les queda al final "elegir entre la capitulación o morir de hambre", apunta el informe.
Tanto gobierno como rebeldes practican la táctica del asedio, pero sobre todo son las tropas de Bashar al Assad las que lo llevan a cabo, explican los expertos.
El informe no prevé un próximo cese de la guerra, dice el informe, que pide a "los países que tienen influencia en las partes en conflicto que hagan algo para que éstas cumplan con las exigencias del derecho humanitario".
La comisión apunta además que los grupos de islamistas radicales han arrinconado a otros opositores más democráticos y que los intentos para lograr una estrategia común contra Al Assad quedaron enterrados por las rivalidades y disputas entre los grupos rebeldes.
Uno de los motivos de la fortaleza de los grupos cercanos a Al Qaeda, que quieren convertir a Siria en un Estado islámico, es el "apoyo financiero selectivo por parte de algunos gobiernos", reza el informe sin dar nombres.
Además, los expertos critican que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya llevado ante la Justicia a los responsables de los crímenes humanitarios cometidos en Siria. "El Consejo de Seguridad de la ONU carga con la responsabilidad de no pedir cuentas y de permitir a las partes en guerra que violen las leyes con total impunidad", afirmó el brasileño Pinheiro.
Por otro lado, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) instó hoy de nuevo a Siria a sacar del país tan pronto como sea posibles el armamento químico.
Durante una reunión de la comisión ejecutiva de la OPAQ celebrada en La Haya, diplomáticos de potencias occidentales mostraron reparos a la prórroga pedida por Siria hasta finales de abril como fecha límite para sacar las armas químicas del país. Siria no cumplió el plazo original que preveía que lo hiciera hasta el 5 de febrero, y si se estableciese el nuevo límite a finales de abril sería poco probable hasta el 30 de junio se hubiera destruido todo el arsenal químico sirio, como piden a Damasco la OPAQ y la ONU.
También cosechó un amplio rechazo la propuesta de Siria de mantener sus instalaciones de producción de armamento químico para utilizarlas en el futuro con fines civiles.
Un mes después de que se cumpliera el plazo inicial, tan sólo se ha sacado del país o se han destruido un tercio del armamento químico, que incluye gas sarín y gas mostaza. En total deben neutralizarse 500 toneladas de sustancias venenosas a bordo del barco de la Marina estadounidense "Cape Ray" en el mar Mediterráneo, un proceso que según Estados Unidos durará 90 días. (DPA)