El tribunal condenó a Saif-al-Islam Gaddafi, hijo del líder Muamar Gaddafi, y varios otros funcionarios a la pena de muerte por fusilamiento, entre ellos su ex jefe de inteligencia y su ex primer ministro. Otros ocho han sido sentenciados a cadena perpetua y el resto de los condenados a penas de entre 12 y cinco años. Cuatro acusados fueron absueltos sin cargos.
Los acusados afrontaban cargos por la supuesta represión de protestas pacíficas durante la revolución de 2011 que terminó con el Gobierno del padre de Saif-al-Islam.
Entre las principales fallas del juicio, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos destacó que hubo serios problemas en el acceso a abogados defensores, denuncias de malos tratos y vistas celebradas "en ausencia", es decir sin la presencia de los acusados.
"Es crucial asegurar la rendición de cuentas para las violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, esto debe hacerse mediante un escrupuloso cumplimiento de las normas internacionales de un juicio justo y un pleno respeto por los derechos de los acusados. Sino, la injusticia sólo es agravada", dijo en un comunicado.
La ONU se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia. "En este caso, en el que las normas de un juicio justo no se han cumplido, deploramos la imposición de la pena máxima", añadía el comunicado.
El juicio comenzó en abril de 2014 antes de los enfrentamientos entre facciones rivales en Trípoli que dividió a Libia en dos gobiernos enfrentados por la autoridad central: el gobierno reconocido internacionalmente en el este y otro, autoproclamado basado en la parte occidental de la capital.
Gadafi no estuvo presente en su vista de sentencia, pues se encuentra retenido por una milicia desde su captura en noviembre de 2011. La milicia no reconoce el gobierno ni la corte de Trípoli por lo que negó su colaboración con el proceso legal. Aun así, se unió a tres de las 24 sesiones vía videoconferencia. Sin embargo, su paradero es desconocido desde junio de 2014.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU instó a Libia a implementar reformas legales y asegurarse de que los veredictos sean recurridos.