Así lo consideró el Pleno del Senado de la República, en un dictamen que aprobó en la sesión ordinaria del pasado 27 de abril, por el que expresa la urgencia de resolver las irregularidades que se presentan en los centros de detención, internamiento y custodia del país.
La Asamblea solicitó a los gobiernos de las 32 entidades federativas que atiendan las observaciones y recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
Los legisladores destacaron que en 2016, el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH reportó que Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca registraron la mayor incidencia de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos, relacionados con hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A nivel nacional, la cifra ascendió a 744 quejas, 216 sobre tortura y 528 relativas a trato cruel inhumano o degradante.
El MNPT constató que en los centros de detención, internamiento y custodia del país persisten prácticas violatorias a los derechos humanos, que van desde las pésimas condiciones en sus instalaciones, escasa o nula alimentación, sobrepoblación y hacinamiento e incomunicación, hasta de internos con funciones de autoridad, imposición de sanciones disciplinarias extremas y denuncias por actos de tortura.
Entre las situaciones de riesgo detectadas, destacan las relacionadas con el uso irregular de la fuerza y medios de coerción, inadecuadas condiciones de las instalaciones que alojan a las personas privadas de la libertad, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de detención, entre otros.
El Mecanismo Nacional promueve visitas periódicas a lugares de detención, las cuales se desarrollan desde un enfoque analítico, para constatar “in situ”, las causas y factores de riesgo que pudieran generar tratos crueles, inhumanos o degradantes e identificar las medidas indispensables para prevenirlos.
Por medio de este instrumento, durante 2016, se realizaron 565 visitas a lugares de detención e internamiento dependientes de autoridades federales, estatales y municipales en la República Mexicana, de las cuales 19 correspondieron a visitas iniciales y 546 a visitas de seguimiento a informes sobre irregularidades detectadas en visitas realizadas en 2015