Insulza presentó en Montevideo el informe sobre el problema de las drogas en las Américas realizado por la OEA justo cuando en el Parlamento de Uruguay se debate una ley que habilitaría el cultivo y la compraventa de marihuana, una medida sobre la que el dirigente evitó pronunciarse directamente pero cuyos principios defendió como método para abordar el conflicto de las drogas en la región.
El plan uruguayo, que el próximo día 31 se votará en la Cámara de Diputados del Parlamento uruguayo, busca legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana y que el Estado sea el encargado de regular su comercio y producción.
En una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con el presidente uruguayo José Mujica, Insulza apuntó que esta iniciativa, que en principio cuenta con los votos suficientes como para ser aprobada, es una "estrategia que vale la pena ensayar" para abordar la lucha contra el narcotráfico.
"No tenemos objeción a que se lleven adelante (leyes que legalicen la marihuana). No las acompañamos de forma abierta porque no tenemos el mandato de los países miembros, pero entendemos que este es un tema abierto. El camino para la legalización de la marihuana está abierto", dijo Insulza ante las preguntas de los periodistas.
El responsable de la OEA explicó además que el informe sobre drogas realizado por su organización a pedido de los Jefes de Estado que la conforman constata que la noción de legalizar la marihuana está a debate en toda la región y cuenta con cada vez más apoyo, al contrario que otras drogas consideradas duras.
En ese sentido, Insulza descartó que el proyecto uruguayo genere algún tipo de "alboroto internacional" en caso de ser aprobado.
Según relató, el problema de la droga es común en toda la región, si bien tiene sus marcadas diferencias y problemas específicos en los países productores, consumidores o de tránsito.
Particularmente, Insulza apuntó a la violencia, que se da en los países productores y de tránsito y que se vincula particularmente "a la falta de un Estado que se haga cargo y al problema de la impunidad", como el mayor problema a resolver junto con el sanitario.
Según relató Insulza, el informe de la OEA resalta, "sin tomar partido por ninguna", cuatro posibles posturas a tomar ante una situación como la actual en la que la lucha contra la droga es un fracaso.
Así, una de las opciones es considerar que la estrategia no es fallida y que lo que fracasó fue su aplicación, por lo que pide más represión policial y judicial, mientras otra apunta al polo opuesto, donde el error es la criminalización y la represión y que exige revisar las leyes.
La tercera postura apunta a que el problema de la droga es social y que deberían ser las organizaciones civiles las encargadas de generar un clima social que controle el consumo y la cuarta entiende que los países de tránsito, de forma individual, rompan con las normas internacionales y entiendan que "si uno no se mete con ella, la droga y sus efectos se van".
Precisamente, el prosecretario de la Presidencia uruguaya y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Diego Cánepa, afirmó que Uruguay está siguiendo "uno de estos caminos" en la búsqueda de "caminos alternativos a políticas que no han dado los resultados esperados".
El informe de la OEA ya fue presentado por Insulza en varios países de la región con la idea de que sirva como base para un debate hemisférico para encarar la lucha contra las drogas.