Así lo consideró la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del GPPRD, quien señaló que sólo resta por ver si esta abdicación del gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Rosario Robles Berlanga, fue deliberada, para favorecer un interés ajeno a la ciudadanía o por torpeza.
Argumentó que empresas como Pepsico, Femsa, Nestlé, Bimbo, Banamex y otras le han negado al pueblo mexicano el efectivo ejercicio del derecho a la alimentación a través de la producción e imposición en el mercado de alimentos altamente procesados y con excesivos niveles de grasas, azúcares y sales.
Dicho de otro modo –agregó- empresas de este tipo y sus socios se han hecho enormemente millonarios al imponer precios en el mercado, lucrar con el hambre de la población, y evadir y eludir el pago de impuestos.
Por ejemplo, Bimbo ingresó en 2010 más de 117 mil millones de pesos y en 2011 más de 133 mil 700 millones, pero sólo pagó dos mil y tres mil millones, respectivamente, en impuestos, apenas dos por ciento de sus ventas, cifra muy lejana al 30 por ciento extraído por el fisco a las pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, FEMSA colocó productos por más de 169 mil 700 millones de pesos, pero sólo pagó a la hacienda pública el tres por ciento de dichos ingresos. Algo similar sucede con otras empresas monopólicas del mercado alimenticio, como Bachoco, Lala, Alpura, Maseca, Sigma, Bafar, Qualtia, Pilgrim´s y Tyson.
El daño causado por esas empresas a la población con la imposición de productos chatarra, control del mercado alimenticio y la desnutrición es particularmente grave en los estados del sur y sureste del país, como lo demostró el doctor Carlos Urzúa en un estudio para la Comisión Federal de Competencia.
De acuerdo con dicho estudio, “el ejercicio de poderes monopólicos u oligopólicos en México no solamente son significativas, sino también regresivas, pues afectan más a los que menos tienen”.
Más aún –agregó- “la pérdida del bienestar social es también diferente para cada entidad federativa, siendo los habitantes del sur de México los más afectados por las empresas con poder de mercado”.
Por lo anterior, consideró que la incorporación de esas empresas al Consejo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre representa una equivocación de la Sedesol y su titular, pues esas empresas nunca atentarán contra sus intereses y nunca harán efectivo el derecho constitucional a la alimentación.
Ya que la Sedesol incluyó a esas empresas en el Consejo de la Cruzada –añadió Ceseñas Chapas-, que se les proponga pagar un impuesto para instalar bebederos de agua potable en todas las escuelas públicas del país y prohibir la venta de sus productos chatarra en las mismas.
Igualmente se debe limitar su publicidad, ya que a la fecha sólo han provocado aumento del gasto público per cápita para atender problemas derivados del excesivo consumo de dichos productos industrializados.
“Si en verdad se desea hacer del tema del hambre y la desnutrición una prioridad en la agenda de este gobierno, se debe fomentar la producción de alimentos sanos, la generación de redes de distribución, la alimentación y el combate frontal a prácticas desleales”, concluyó.
