Esos y otros conceptos están contenidos en la "Declaración de Santiago", suscrita al término del primer encuentro del Poder Judicial de América Latina y la Unión Europea, que se celebró desde este jueves en Santiago, previo a la cumbre CELAC-UE, que se celebrará en Chile el 26 y 27 de enero.
La Declaración de Santiago fue entregada al ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, quien transmitirá su contenido a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la Cumbre Celac-UE.
En la sesión de Clausura, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Rubén Ballesteros, remarcó la relevancia que tiene en los sistemas democráticos, la independencia y autonomía del Poder Judicial.
"Reafirmamos el principio de independencia judicial como una condición fundamental para el ejercicio pleno de la administración de justicia y para la defensa del mantenimiento de una verdadera democracia", señaló el magistrado chileno.
En tanto, el canciller Moreno destacó que esta reunión ha contribuido a construir una asociación estratégica entre los dos bloques y destacó el papel de los jueces.
"La noble tarea que les corresponde a ustedes y a quienes ustedes representan, no sería posible si quienes la realizan no fueran personas honestas, íntegras y valerosas", manifestó el jefe de la diplomacia chilena.
La "Declaración de Santiago", según sus firmantes, renueva el compromiso con el derecho internacional, en particular con la "Declaración de Derechos Humanos y la Convención de Viena", la independencia judicial y el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de justicia.
Junto con establecer el "Foro Judicial de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de los países latinoamericanos, caribeños y de los que componen la Unión Europea", el documento contiene varios compromisos.
Entre ellos, la cooperación y facilitación de ayuda a autoridades principales en la jurisdicción de temas criminales, civiles, familia, laboral, comercial y administrativos.
También el de promover y proponer a las autoridades pertinentes el reconocimiento y validación de comunicación electrónica en la abogacía, especialmente en la transmisión y recepción de asistencia judicial, así como establecer modelos y entrenamiento judicial en temas de Derecho internacional y cooperación judicial internacional.
Asimismo, la Declaración plantea incentivar toda actividad tendente a establecer, en cada país, una autoridad central encargada de recepcionar, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de asistencia judicial internacional
También impulsar evaluaciones y estudios para la armonización de la normativa sobre cooperación judicial internacional y fomentar el desarrollo de actividades para el intercambio de experiencias.
En la clausura, además, Rubén Ballesteros entregó la Presidencia Pro Témpore de la Cumbre Judicial a la representante de Irlanda, Susan Benham y al presidente de la Red de Tribunales Supremos de la Unión Europea, Geert Corstens.