"Los chilenos demandan que la justicia haga su trabajo para el total esclarecimiento de estos hechos", remarcó el vocero del Ejecutivo, el ministro Alvaro Elizalde, socialista.
El portavoz, no obstante, eludió calificar los traspasos como ilícitos. "La justicia, en el marco de su autonomía, es la llamada a determinar si se cometieron delitos", dijo.
Las declaraciones del gobierno surgieron luego de que la Justicia aceptara como válida la grabación de un diálogo privado entre uno de los dueños de Penta, Carlos Lavín, y el ex gerente Hugo Bravo, quien hizo el registro de audio en secreto y confesó los hechos.
"Le pagué 100 millones de pesos (unos 160,000 dólares) a Pablo Longueira (ex candidato presidencial de la conservadora Unión Demócrata Independiente), en efectivo", relató Bravo en el diálogo, en el que ambos ejecutivos revisan el tema.
Lavín luego pregunta también por los aportes al ex candidato a senador de la Unión Demócrata Independiente Laurence Golborne, tras lo cual Bravo detalla que el pago a ese candidato a senador ascendió a 400 millones de pesos, unos 640,000 dólares.
En octubre, en el marco de estas pesquisas, la policía chilena allanó propiedades de los ex candidatos Andrés Velasco y Laurence Golborne.
La operación comenzó en la vivienda del economista Velasco, ministro de Hacienda entre 2006 y 2010 en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet, pero hoy más distanciado de ella.
En esa ocasión, los policías, liderados por el fiscal Carlos Gajardo, requisaron documentos y equipos informáticos.
Las pesquisas comenzaron cuando el ex gerente de Penta Bravo confesó haber girado él mismo una serie de pagos a líderes políticos, a través de boletas de honorarios y facturas falsas.
Las denuncias, que rechazan otros ejecutivos de Penta, apuntan especialmente a la Unión Demócrata Independiente, además del ex ministro de Bachelet.
En medio de la polémica, Bachelet propuso regular mejor los aportes privados a campañas políticas, en especial los de las empresas.
Encuestas recientes revelan que la mayoría de los chilenos objeta además que las empresas puedan dar aportes a los políticos y creen que estas donaciones deben ser personales, públicas y con un monto máximo.
Por ley, hoy todos los aportes a las campañas deben ser contabilizados por el Servicio Electoral, aunque su monto y procedencia puede quedar en secreto para los votantes.
Las empresas, además, pueden descontar estos aportes de su pago de impuestos.
Cifras oficiales del Servicio Electoral indican que entre 2004 y 2013 los partidos políticos recibieron 60 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fueron para la Unión Demócrata Independiente.
Los otros grandes beneficiados fueron el también opositor Renovación Nacional y la oficialista Democracia Cristiana. (DPA)