Así lo señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien aseguró que a la mayoría de los gobernantes “se les ponen los pelos de punta cuando les dicen que tienen que declarar la alerta de violencia de género”.
En entrevista, la legisladora perredista indicó que este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ha politizado y demeritado en sus cualidades, ya que para los gobernadores emitir una declaratoria de alerta de este tipo, “significaría reconocer que están fallando, lo que les traería una repercusión política y una afectación a su imagen pública”.
Sin embargo, dijo, “las autoridades no atienden de manera diligente (los llamados) para poner un alto al feminicidio porque no entienden que la Alerta de Violencia de Género va a coadyuvar justamente en la prevención, para que no haya más asesinatos de mujeres y de niñas en esas zonas”.
“La Alerta de Violencia de Género es ni más ni menos que la respuesta inmediata, emergente de la autoridad frente a la violencia feminicida que se perpetra en algún lugar o territorio del estado, y que por desagracia, no solamente goza de impunidad en los casos presentados, sino que pareciera que la dinámica es que pueden seguirse asesinando mujeres y no pasa nada”, señaló la senadora.
En este contexto, De la Peña Gómez dijo que es preocupante que en muchas otras entidades de la República, las autoridades estatales no le den la importancia debida o minimicen la problemática que prevalece sobre la violencia contra las mujeres.
Tal es el caso del Estado de México, donde a dos años de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios de la entidad, no solamente no se han atendido los casos presentados como se debería, sino que en lo que llevamos de este año, se tienen registrados 122 feminicidios en la entidad.
Además, dijo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEM), hay 4 mil 281 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales, 95 fueron encontradas asesinadas, y otras mil 554 que se desconoce su paradero.
Ante esta situación, insistió la senadora, es importante señalar que la Alerta de Violencia de Género no se ha entendido en sus bondades, en su magnitud y en la determinación que le caracteriza y que está debidamente fundada no solamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino en la ley en la materia a nivel estatal.
En este sentido, dijo, la respuesta inmediata, urgente del gobierno al declarar la Alerta de Violencia de Género, debe necesariamente fundarse a partir del análisis de esa violencia en ese territorio por parte de una comisión multiinstitucional y multidisciplinaria.
Lo anterior, para que con base en una evaluación diagnóstica, se determinen las causas de este tipo de violencia y sobre todo, se corrijan los posibles obstáculos que de alguna manera, generan un estado de impunidad, explicó.
De esta manera, agregó, la Alerta de Género no es una política pública en sí, lo que tienen que hacer las autoridades estatales y municipales para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es diseñar esa política pública donde haya modelos de atención, de prevención y de sanción, y en la que se aplique de manera transversal la perspectiva de género.
Asimismo, dijo, es necesario atender los problemas estructurales que determinan que hay discriminación hacia las mujeres, porque la violencia contra éstas es una transgresión a sus Derechos Humanos que derivan en una desigualdad.
“Tolerancia cero a todas las formas de discriminación contra las mujeres, la violencia contra las mujeres no es más que resultado cruel y contumaz de una agresividad precisamente contra ellas, derivada de esta gran desigualdad social y de una altísima discriminación que padecen las mujeres de todas las edades y todas las condiciones”, concluyó De la Peña Gómez.