A través de la Segob, el Gobierno de México informó que pese a la magnitud de esa situación y conforme a su política interna de respeto a los derechos humanos y a la no criminalización de la migración, México no desplegará fuerzas militares para enfrentar este problema.
No obstante, indicó que reforzará los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su intento por ingresar ilegalmente al vecino país.
En un comunicado, la dependencia reiteró que a través del Instituto Nacional de Migración (INM) se procederá a deportar inmediatamente a las personas plenamente identificadas que participaron en los hechos violentos.
Señaló asimismo que dichos actos de provocación, lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden derivar en incidentes graves en la línea fronteriza.
Respecto a la reacción de las autoridades estadounidenses para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, afirmó que no se reportan heridos por arma de fuego.
La Segob sostuvo que mantendrá de forma permanente la comunicación y plena coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno en México, así como con el Gobierno de Estados Unidos.
Refirió que hasta este domingo, el número de personas que conforman la llamada caravana migrante es de ocho mil 247, de las cuales, siete mil 417 se encuentran en Baja California, ubicadas en los municipios de Mexicali y Tijuana.
También comentó que de los 830 centroamericanos adicionales, 424 se encuentran ubicados en el albergue de Tláhuac, en la Ciudad de México; 253 transitan por el Estado de Sinaloa hacia Sonora y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera norte del país.
En ese contexto, casi dos mil centroamericanos que integraban las distintas caravanas han obtenido el apoyo del INM para su retorno voluntario asistido.
Reiteró el exhorto del Gobierno de México a los extranjeros en tránsito para que se acojan a los beneficios de regularizar su situación migratoria y acceder a los beneficios que ofrece el Estado, como trabajo formal, acceso a servicios de salud y educación pública, entre otros.