El vocero del GPPRD señaló que con este fallo de la SCJN se puso en evidencia que uno de los casos emblemáticos de la seguridad pública y justicia del gobierno del panista Felipe Calderón, estuvo viciado de origen, falto de transparencia, por el montaje para la televisión, por lo que cabe la duda razonable de que otros tengan la misma característica.
En este sentido, indicó que se debe poner bajo la lupa la responsabilidad, incluso legal, de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y ex titular de la extinta AFI, quien gozó de la protección absoluta del ex presidente de la república. “Debe rendir cuentas”, enfatizó.
El caso Florence Cassez puso en entredicho la aplicación de la justicia en México y al país en ridículo a nivel internacional, en este tema con Francia. Tal vez se liberó a una secuestradora o a una mujer inocente, por lo que ahora hay que procurarles justicia a las víctimas de secuestro, pero con base en hechos reales y comprobables, dijo Reyes Gámiz.
El vocero del GPPRD aseveró que si el gobierno de Enrique Peña en verdad quiere combatir la corrupción y fomentar la transparencia en la actuación de los funcionarios, debe tomar cartas en el asunto y revisar --sobre todo, actuar-- el papel que desempeñó García Luna, como encargado de la seguridad pública del país.
Recordó que desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública de la administración pública federal, como lo pidió Peña Nieto, no significa que los funcionarios que la dirigían, encabezados por García Luna, tengan un manto de impunidad.
“Es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) deslinde responsabilidades, sobre todo por el bien de las víctimas en el caso Florence Cassez. No se deben repetir estos acontecimientos. El gobierno de Peña Nieto está obligado a una correcta aplicación de la justicia, como se señala en la Constitución”, indicó el diputado del PRD.
Con el montaje para televisión en el caso Florence Cassez, García Luna pudo haber en delitos tipificados en el Código Penal Federal: abuso de autoridad --fracción XV del artículo 215-- y contra la administración de justicia --fracción VIII del artículo 225--, y su sanción con privación de la libertad sería agravada al haber sido funcionario.
Por lo tanto, Felipe Calderón también tiene una responsabilidad política por haber respaldado y protegido a García Luna, quien con su actuar trastabilló al Estado de Derecho, provocó conflictos internacionales --como el caso de los agentes estadunidenses asesinados en Tres Marías, Morelos-- y abonó en la mala reputación de la aplicación de la justicia en México. “Fue un funcionario irresponsable, por decir lo menos. Y Calderón lo sostuvo, a pesar de serias acusaciones, como un posible enriquecimiento ilícito”, dijo Reyes Gámiz.
Por último, aseguró que Cassez incluso podría pedir la reparación del daño que le hizo el Estado mexicano, al cobijarse con la Ley General de Víctimas.
