"Viajaremos a México el primero de marzo para reunirnos con las víctimas, con los peticionarios y las autoridades del Estado, así como con expertos implicados o que puedan tener información relevante para la investigación", explicó la portavoz del grupo, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz en una rueda de prensa en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Confiamos en el apoyo de los familiares y sus representantes, de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las autoridades gubernamentales de México para poder desarrollar la importante labor que nos ha sido confiada, sobre un caso que ha confrontado a México y el mundo con el horror, y que supone un enorme desafío para el esclarecimiento y respuesta a los derechos de las víctimas y la justicia en este caso", añadió la ex fiscal general guatemalteca.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.
Además de Paz y Paz, el grupo lo integran otros cuatro expertos: el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial y el abogado colombiano experto en derechos humanos Alejandro Valencia Villa.
La ex fiscal general guatemalteca destacó que el grupo actuará "con autonomía e independencia" y que en su trabajo tendrá en cuenta "los estándares internacionales en los diferentes aspectos del mandato".
Su mandato inicial será de seis meses prorrogables. Durante este periodo, los expertos viajarán a México "las veces y por los periodos que resulte necesario", añadió Paz y Paz. En este primer viaje los expertos tienen previsto ir a Iguala.
A finales de mayo o principios de junio tienen previsto hacer un informe preliminar sobre el caso y a los seis meses de iniciar sus trabajos presentarán un informe final.
Estos expertos evaluarán las acciones realizadas por el Estado mexicano y darán apoyo en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; realizarán un análisis técnico de las líneas de investigación llevadas a cabo para determinar responsabilidades penales; y evaluarán las demandas y necesidades de las víctimas.
Los expertos también harán recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y de atención a las víctimas. Este grupo de expertos espera que estas recomendaciones contribuyan a enfrentar "de forma estructural el drama de derechos humanos que vive el país", explicó Paz y Paz.
Su mandato incluye "una valoración de las pruebas científicas y técnicas que se han llevado a cabo para determinar el paradero de las personas desaparecidas", contó Martín Beristain, quién explicó que "en términos psicológicos los familiares de los desaparecidos tienen una situación de pérdida permanente".
"Hasta que no tengan una certeza sobre cúal ha sido el destino de sus familiares, es una herida permamentemente abierta", añadió este médico y psicólogo español.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala. La fiscalía mexicana decidió a finales de enero darlos por muertos, a pesar de que sólo los restos calcinados de uno de ellos han podido ser identificados con pruebas de ADN. (DPA)