Durante su participación en el seminario Mexico Today, que tiene lugar en la London School of Economics (LSE), el funcionario afirmó que “no sólo se trata de aplastar a los grupos criminales, sino que los delitos bajen de manera sistemática”.
“Ha habido un debilitamiento de los cárteles de la droga en la presente administración (...) y se han logrado combatir organizaciones criminales a nivel local, reformar las instituciones, reconstruir las bases sociales y fortalecer la cooperación internacional”, dijo Poiré en una teleconferencia.
Explicó a estudiantes y académicos de universidades británicas que la mayoría de los 37 criminales más buscados en México de organizaciones como zetas, la familia, los Beltrán Leyva, el cártel del Pacífico, el cártel de Juárez, los hermanos Arellano Félix, han sido capturados por las autoridades o están muertos.
Añadió que se han decomisado grandes cantidades de drogas, armas, vehículos, aviones, y explosivos en la presente administración.
Poiré destacó por otra parte que 90 por ciento de los crímenes cometidos a nivel federal han sido sometidos a la justicia y que nueve de cada 10 criminales han sido sentenciados, aunque dijo que queda mucho por hacer para combatir los altos índices de impunidad.
Explicó que las bandas de narcotraficantes han diversificado sus actividades para combinarlas con secuestros, extorsión, tráfico humano, y tráfico de armas, “en particular en el norte y centro del territorio”.
En cuanto a la venta ilegal de armas de Estado Unidos, el portavoz de Seguridad afirmó que el país vecino tiene “que controlar el tráfico (...) hacer una distinción entre el derecho constitucional de Estados Unidos de poseer un arma y su venta ilegal a México”.
“Seguiremos insistiendo para disminuir el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país” provenientes de Estados Unidos, puntualizó el funcionario mexicano.
A pregunta expresa sobre la participación del Ejército Mexicano y presuntas violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado, Poiré señaló que parte del entrenamiento militar está orientado al tema de salvaguardar las garantías individuales.
“Se envió una iniciativa de ley al Congreso para que los crímenes cometidos por miembros del ejército puedan ser juzgados en instancias civiles”, explicó.
Destacó que en la medida en que se debiliten las organizaciones criminales y se aumente la capacidad institucional para combatir el crimen organizado, se requerirá cada vez menos la participación del Ejército y la Marina para combatir a las bandas criminales.
Por Marcela Gutiérrez Bobadilla