En el salón “José María Morelos”, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la titular de la Sedesol dijo que para ser un México incluyente y de iguales “debemos pasar de una democracia meramente electoral, donde se garantiza el voto libre, a una democracia de derechos plenos y de iguales, donde no importen el género, condición étnica, capacidades, cultura o edad”.
México -dijo la responsable de la política social del país- tiene enormes deudas con las personas con discapacidad, donde 94 de cada 100 se consideran víctimas de la discriminación, como resultado de una cultura social intolerante y excluyente.
Ante organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar con este sector en desventaja, la funcionaria federal habló de una realidad donde sólo el 45 por ciento de la población con discapacidad en edad escolar, de 3 a 29 años, asiste a las aulas, además de que el analfabetismo alcanza a la cuarta parte de la población de 15 años y más.
Además, indicó que en los hogares donde alguno de sus miembros sufre alguna discapacidad, hay mayores posibilidades de quedar desempleados, obtener menores ingresos y vivir en condiciones precarias, incluyendo inseguridad alimenticia, falta de acceso a agua potable y saneamiento, viviendas en mal estado y acceso inadecuado a servicios de salud.
La secretaria Robles Berlanga destacó en su intervención que 60 por ciento de las personas con discapacidad que trabajan gana menos de dos salarios mínimos, así como que una de cada tres personas con discapacidad carece de acceso a servicios de salud.
Explicó que, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), casi la mitad de las personas con discapacidad son adultos mayores de 60 años, lo que incrementa los factores de riesgo y vulnerabilidad.
Ante esta realidad, la funcionaria federal sostuvo que “es la hora de dejar atrás los discursos y pasar a la acción, para entrar a una nueva fase de políticas públicas, de cambios institucionales y legales, a favor de los derechos de estos mexicanos”.
Dijo que juntos, gobierno federal y ciudadanos, están obligados a trabajar en equipo con el objeto de hacer realidad el mandato de la Convención de Naciones Unidas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
“Necesitamos una alianza que nos permita impulsar una política social de tercera generación, con visión de derechos y ciudadanía, a favor de las personas con discapacidad, una alianza que respete la autonomía de sus organizaciones y que fomente la construcción de acuerdos para impulsar proyectos de mayor escala social y territorial”, manifestó.
Al retomar las palabras de Jesús Toledano, director general del Conadis, la titular de la Sedesol afirmó que “si de verdad queremos hablar de un México incluyente y de leyes, el respeto, la protección y las oportunidades de crecimiento y desarrollo deben alcanzar, especialmente y con celeridad, a sus ciudadanos más vulnerables”.
Finalmente señaló que los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 responden a un proyecto de gobierno congruente que busca la opinión de la ciudadanía para poder tomar las mejores decisiones de política pública.
“El anhelo del Presidente Peña es hacer de México un país incluyente; un país donde el Estado sea capaz de garantizar condiciones de trato igualitario para cada uno de sus integrantes. Para ello, el reto es lograr que los derechos de los mexicanos pasen del papel a la realidad”, concluyó”.
En el foro organizado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) estuvieron el presidente de Vida Independiente, A. C., Santiago Velázquez Duarte; la presidenta de Discapacitados Visuales, I. A. P., Camerina Robles Cuéllar; el presidente de Ideas, A. C., Manuel Seres Morales, y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday González, entre otros.