Las legislaturas que han avalado la reforma constitucional son las de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Durante los posicionamientos en tribuna respecto a esta Declaratoria, el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) señaló que existe un enorme reclamo social para una justa atención a víctimas, enfocado en que los derechos de las víctimas han quedado rezagados tanto en las leyes como en las políticas públicas para atenderlas.
Por el PT, el senador Héctor Menchaca Medrano indicó que México no ha sido capaz de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en diversos convenios internacionales y señaló que legislar en materia de atención a víctimas es consecuencia del clima de violencia e inestabilidad que vive México.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM) celebró la declaratoria señalando que a partir de ella el Congreso podrá legislar sobre uno de los problemas que más lastiman a la sociedad. Por el PRD, el Senador Zoé Robledo Aburto destacó que se está facultando al Congreso a legislar respecto a una ley que ya se encuentra vigente y que la Declaratoria puede leerse como un pago político e histórico del Estado mexicano frente a ciudadanos cuyos derechos han sido violados.
La senadora Mariana Gómez del Campo (PAN) refirió que de acuerdo con el Inegi, 23 millones de mexicanos adultos son víctimas de algún delito y agregó que el Estado de México y la Ciudad de México son dos de las entidades con mayor porcentaje de víctimas en relación con su población.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich (MC) señaló que la reforma ordena las competencias de la federación, los estados y los municipios en materia de atención a víctimas, eliminando la actual perspectiva centralista sobre los derechos de estas; y recordó que diversas organizaciones civiles han enviado a las cámaras del Congreso observaciones para reformar la Ley General de Víctimas.
Finalmente, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) explicó que con esta reforma se faculta al Congreso para emitir leyes generales que permitan la atención a víctimas y ordenar la omisión de la legislación correspondiente, brindando un nuevo sistema de atención a víctimas que reconocerá plenamente sus derechos humanos.