Pérez Dayán recibió 104 sufragios, de los 112 que emitió la asamblea, por lo que alcanzó las dos terceras partes de los votos emitidos por los senadores presentes, que exige la Constitución para ocupar el cargo.
Por su parte, Ortiz-Mena logró el respaldo de 103 senadores, de los 112 que emitieron su voto, por lo que también reunió la mayoría calificada.
Actualmente, Pérez Dayán se desempeña como magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito.
Es licenciado en derecho por la Universidad La Salle y cuenta con especialidades en derecho constitucional, administrativo y en materia de amparo, así como un diplomado y doctorado en derecho por la UNAM, la Universidad Panamericana y la Universidad de Texas.
A solicitud de la Comisión de Justicia, Pérez Dayán presentó, entre otras que consideró como relevantes, la sentencia “que sienta el precedente de que los delitos cometidos por militares en activo en los que se encuentre implicado un civil, ya como cómplice o en su condición de víctima, son de la competencia de los juzgados federales y no de los tribunales militares”.
En el currículum de Ortiz-Mena se expone que es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en derecho por la Universidad de Harvard y está certificado en derecho tributario internacional. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Barra de Abogados de Nueva York.
Ha ocupado, entre otros, el cargo de administrador general jurídico y general de grandes contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria y actualmente funge como jefe de dicho órgano desconcentrado.
Entre los asuntos que planteó a los senadores destacan los pronunciamientos de los ministros sobre el caso Radilla, donde la mayoría de los criterios determinó que este órgano “carece de competencia para revisar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de derechos Humanos”.
Previamente, la asamblea senatorial aprobó --con 106 votos a favor y uno en contra-- los dos dictámenes en los que se acredita que los seis aspirantes propuestos por el Ejecutivo reúnen los requisitos que establece la Carta Magna para desempeñar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nació
Al presentar los resolutivos, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, estimó que con la conclusión de este proceso se requiere “abrir una reflexión” sobre la necesidad de modificar la mecánica constitucional para elegir a los integrantes del tercer Poder del Estado.
“Tenemos que pensar esa mecánica con el propósito de avanzar en la dirección de un proceso cada vez más exigente en el examen de perfiles profesionales, de antecedentes, trayectoria y de líneas de pensamiento jurídico”, expresó.
En la discusión, el senador perredista Manuel Camacho Solís reconoció la participación de la Cámara de Senadores en el proceso de selección, pues se realizó con un método “más exigente y transparente”.
Sin embargo, hizo un llamado a tomar en cuenta al movimiento progresista representado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, porque “no podemos aceptar acuerdos cupulares que echan a perder los procedimientos en los que avanzamos”.
A su vez, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de los dictámenes porque “la elección de los próximos ministros se hace con las cartas marcadas”, pues desde que se envían las ternas “ya uno de ellos viene con la cruz iluminada en la frente”.
Luego de la designación, el senador Ernesto Codero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, convocó a los ministros electos para que rindan protesta ante este órgano legislativo el próximo 27 de noviembre.
La decisión del Senado se comunicará al presidente Felipe Calderón y al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.
