El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, demandó que en la elección presidencial de 2012, “nunca más volvamos a tener los grados de intervención grosera e ilegal que tuvimos del gobierno en 2006”.
Al recibir el libro “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, señaló que las leyes electorales son importantes para los comicios, “pero lo es también el comportamiento político de los actores que participan”.
En 2006 “hubo fallas en el comportamiento del gobierno y los órganos electorales, así como un marco legal deficiente que permitió abusos y desbordamientos de poderes fácticos que decidieron intervenir directamente en el proceso e influir en el resultado”, añadió.
Por ello, el también presidente del Instituto Belisario Domínguez destacó que “el proceso comicial de 2012 es un reto para los órganos electorales, partidos, candidatos y sobre todo para el gobierno”.
Dijo que si bien la Reforma Política no es una reforma completa, tiene elementos para que en los comicios de 2012 los órganos electorales cumplan con su función y las elecciones sean un asunto de partidos, candidatos y lectores, “no de poderes fácticos o gubernamentales”.
Por su parte, John Ackerman, coordinador del libro, precisó que éste es una compilación de reflexiones para perfeccionar el marco jurídico y asegurar que las elecciones sean “más legales, equitativas y participativas”.
Recordó que “para la primera semana de julio tiene que estar hecha toda la reglamentación para la elección de 2012, por lo que todavía nos queda una pequeña oportunidad para asegurar que las elecciones se lleven a cabo en paz y equidad”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, reiteró que el texto es producto de un proyecto académico compartido con el Instituto Belisario Domínguez para revisar desafíos, problemas y avances en el marco legal para las próximas elecciones.
El libro “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, fue coeditado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).