En la Cruzada Nacional contra el Hambre convergen programas y acciones de gobiernos estatales y municipales de todos los colores políticos. Con la puesta en marcha de esta estrategia se ha desterrado la idea que la política de desarrollo social debe responder a intereses de partido. Por el contrario, la dimensión del problema a enfrentar es tal que resulta indispensable sumar esfuerzos, coordinar instituciones, concertar acciones enfocadas a metas comunes, con mediaciones e indicadores parejos para todos. Hemos avanzado en una certeza: las familias pobres, de los municipios, los estados y la federación son los mismos pobres.
Por ello, a través de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, además, se ha recuperado un componente esencial para el desarrollo social que es la participación de las personas y de las comunidades.
A 18 meses de su inicio, la Cruzada Nacional contra el Hambre cuenta hoy con poco más de 60 mil comités comunitarios involucrados en priorizar las acciones más relevantes para el desarrollo de las comunidades.
De igual forma, la acción de gobierno ha vuelto al territorio, a las situaciones concretas y específicas de cada comunidad. Es a través de ese trabajo y en vinculación con los comités comunitarios con las dependencias de los tres órdenes de gobierno acuerdan y dan seguimiento a las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La nueva política de desarrollo social reconoce la necesidad de articular y coordinar acciones a partir de las necesidades concretas de las comunidades. En este mes de junio se visitan las 32 entidades federativas del país para rendir cuentas a la gente de lo que se ha realizado en el primer año y medio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. No se trata de un relanzamiento de la Cruzada, sino de hacer visible cuanto sociedad y gobierno, conjuntamente, han hecho en estos 18 meses.
Si bien por su población objetivo la Cruzada Nacional contra el Hambre es prioritaria, la política de desarrollo social no se agota en ella. Se han creado nuevos programas, como el Programa de Comedores Comunitarios, diseñado para mejorar la alimentación de mujeres embarazadas o en lactancia, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad; o el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que brinda protección a los hijos que queden huérfanos a fin de que puedan continuar con sus estudios hasta culminar la educación superior.
Se han rediseñado otros programas para ampliar su cobertura, como el Programa de Adultos Mayores, que hoy otorga una pensión a las personas de 65 años o más; se ha fortalecido el Programa Oportunidades mejorando sus acciones en salud, en educación y vinculado a sus familias con programas sociales productivos que permitan a sus familias mejorar sus ingresos.
LICONSA y DICONSA han vuelto a su naturaleza social, regulando mercados, referenciando precios y dinamizando las economías locales. Además, se han modificado los Lineamientos de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que representa poco más de 57 mil millones de pesos para estados y municipios, mayoritariamente para éstos últimos. Lo anterior permitirá encauzar recursos en cuyo ejercicio participan estados y municipios para atender rezagos que incidan en los niveles de pobreza.
En suma, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha dado un golpe de timón sustantivo para el desarrollo social.