En primer lugar intervinieron los jueces Rosa Elena González Tirado, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Julio César Vázquez-Mellado García, quienes fueron propuestos por el Ejecutivo federal para remplazar a Ortiz Mayagoitia.
González Tirado afirmó que el problema de inseguridad que vive el país no se resuelve únicamente con reformas al sistema penal, ya que se trata de un fenómeno multifactorial que debe analizarse desde diferentes ángulos y ser parte de la agenda prioritaria de los poderes de la Unión.
Por ello, manifestó que es indispensable revalorar el papel de la Suprema Corte como arbitro fundamental del actuar del Estado, pues uno de los problemas de la justicia es la operación “desarticulada y sin dirección” de las instituciones, “que se ha intentado resolver mediante la excesiva regulación normativa”.
En este sentido, subrayó que la legitimidad del Poder Judicial se construye a través de sus fallos y de la interpretación de las normas, y de la resolución favorable de los conflictos cuidando “siempre y en todo momento los efectos sociales y políticos que se producen con nuestras sentencias”.
En su turno, Alberto Gelacio Pérez Dayán agradeció al presidente Calderón por proponerlo de nueva cuenta como candidato a ministro de la SCJN, por lo que de ser electo se desempeñará como “un juez con visión de Estado”.
Se pronunció a favor de una Corte fuerte pero prudente y responsable, pues hoy se exige un tribunal constitucional visionario y progresista en la defensa de los derechos humanos, que esté comprometido en asegurar el equilibrio entre los poderes.
Asimismo, consideró que a la SCJN le toca ejercer un papel preponderante en la vida pública, debido a que tiene la asignatura y “alta responsabilidad” de dar a México criterios consistentes de interpretación constitucional.
A su vez, Julio César Vázquez-Mellado García indicó que la Suprema Corte debe actuar como cabeza de todo el Poder Judicial, pues es una función que le corresponde pero que ha sido poco explorada e incentivada.
De igual forma, expresó que es necesario insistir en la aplicación de políticas judiciales públicas que enaltezcan la función jurisdiccional, ya que “sin buenos jueces un país no puede transitar su historia”.
Refirió que ha dedicado “toda una vida a la impartición de justicia y no he hecho otra cosa más que pretender resolver litigios, escuchar a los que claman por justicia y ponerme en sus zapatos”.
En la exposición de los candidatos para remplazar al ministro Salvador Aguirre Anguiano, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena expresó que para garantizar los derechos humanos y la democracia, el nuevo paradigma de justicia requiere que el poder político sea acotado y limitado.
Lo anterior, enfatizó, “resulta el único modo de hacer compatible la existencia del poder político institucionalizado y la subsistencia de una sociedad libre, por lo que el juzgador está sometido a los derechos fundamentales”.
Consideró que “ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social”, por lo que de ser seleccionado pondrá énfasis en que el control constitucional de los actos y normas de los órganos del Estado sea de acuerdo con los cánones de la administración de justicia.
A su vez, Norma Lucía Piña Hernández advirtió que las decisiones de los jueces constitucionales deben estar inspiradas en la imparcialidad y sus criterios no pueden ser “sesgados en favor o en contra de alguna de las partes”.
Dijo que sus sentencias tienen que “hacer realidad la justicia en una nación pluricultural”, que “eviten el activismo judicial y que no olviden que el primer deber del juez es actuar conforme a derecho y de manera prudente”.
Además, planteó que en un país como México, la justicia constitucional es una instancia fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación, práctica que ha sido una constante en nuestra historia.
En tanto, Ricardo Romero Vázquez destacó que “los tribunales no son laboratorios de la imaginación en donde se experimenta con la vida, la libertad o el patrimonio de las personas, sino la conclusión de la experiencia y del estudio.
Para dictar una sentencia, manifestó, es necesario aprender y comprender la existencia del ser humano, su familia, la comunidad donde se desarrolla y la sociedad en la que participa activamente.
Precisó que el impartidor de justicia debe conocer la ley, entenderla y aplicarla en situaciones que se generan en la vida cotidiana
Los seis magistrados comparecerán este miércoles ante integrantes de la Comisión de Justicia, conforme al acuerdo avalado para desahogar el procedimiento de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.