En ocasiones, los obstáculos a la competencia son consecuencia de barreras que se imponen desde las propias instancias del poder público a través de políticas, leyes, reglamentos, licitaciones u otras decisiones administrativas. Lo anterior impacta, comúnmente, en dos ámbitos: i) desincentiva la inversión y la innovación y ii) frena el desarrollo y crecimiento económico.
Bajo este entendido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) como Ombudsman de la materia y en uso de sus facultades preventivas, en el mes de mayo publicó dos nuevos documentos en los que emite recomendaciones para que en la definición de los marcos normativos (vigentes y en proyecto), así como en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras públicas, se eliminen barreras a la competencia y libre concurrencia y con ello se contribuya al funcionamiento eficiente de los mercados.