Subrayó que el 54 por ciento de los migrantes que vuelven a nuestro país no poseen documentos legales, por lo que los legisladores tienen la obligación de impulsar acciones tanto legales como presupuestales para auxiliarlos, pensando siempre en su reinserción social.
En tanto, representantes de la Fundación MATT y de la Asociación Sin Fronteras advirtieron que el rechazo en Estados Unidos a las acciones ejecutivas migratorias de Barack Obama podría afectar a siete millones de mexicanos indocumentados que viven en ese país, y estimaron que dos millones no cubrirían los requisitos para beneficiarse y permanecer en esa nación, incluso ante una eventual reforma migratoria en la Unión Americana.
Aracely García Granados, directora ejecutiva de la Fundación MATT, y Nancy Pérez García, presidenta de Sin Fronteras, llamaron a impulsar una política integral en México que brinde mejores condiciones de retorno a los migrantes, lo cual ayudaría a reducir el impacto de cualquier acción legal negativa en Estados Unidos.
Recordaron que 26 gobernadores del vecino país del norte rechazaron la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida (DACA), bajo el argumento de que eran inconstitucionales, además de alegar que sus estados sufrirían perjuicio económico.
“Todavía no se tiene una resolución al respecto, pero se espera que el tribunal de apelaciones de Nueva Orleans (que actualmente analiza el caso) promueva el rechazo, por lo que el gobierno de Obama tendrá que desahogar el caso en la Suprema Corte de Justicia”, explicaron.
García Medina sostuvo que la actitud de nuestro gobierno y del Congreso de la Unión debe ser clara e impulsar una política de Estado para que aquellos migrantes que regresan al país puedan insertarse a las actividades productivas y al tejido social; de otra manera, advirtió, podrían ser presa de la inseguridad que se vive en el país.