Dicho informe debe incluir la información relacionada con las personas que se encontraban en este albergue, considerando el estado de salud, la circunstancia civil de éstas y el lugar en el que fueron reubicadas.
El dictamen con punto de acuerdo, también solicita a los gobiernos federal y de entidades federativas que informen sobre los albergues a su cargo o que funcionan en el ámbito de autorizaciones que hayan otorgado, precisando el número de personas que en estos habitan y las condiciones en las que viven las personas en estos lugares.
Se hace un llamado al gobierno federal para que, en concordancia con la recomendación emitida por la UNICEF, establezca a la brevedad las condiciones necesarias para que en nuestro país se cuente con un sistema nacional de registro de albergues y casas de cuidado, que entre otras cosas, proporcione información actualizada sobre cuántos niños y niñas están ahí alojados y cuál es su situación.
Se propone un sistema de supervisión de dichas instituciones; estándares de cuidado acordadas por las autoridades; revisión regular de la situación y las razones por las que niñas y niños privados de su medio familiar se encuentran en instituciones de cuidado; un sistema de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad como un mecanismo de prevención.
El punto de acuerdo señala que es menester que todas las instancias públicas se esfuercen para que no se repita una circunstancia como la de “La Gran Familia”, y que a la brevedad, el gobierno desarrolle los mecanismos necesarios para ello.