Ante servidores públicos de alto nivel de América Latina y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reunidos aquí en la conferencia Construcción de un Sector Público Efectivo y Transparente en América Latina, Peschard explicó que se trata de un proyecto en el que el Instituto ha trabajado desde haces meses, a invitación del gobierno presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Ocho países, entre ellos México, emitieron este martes la convocatoria a 70 naciones para sumarse a esa Alianza. Y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) estuvo representado por la comisionada María Marván, dijo.
“Me siento muy orgullosa de decirles que no solamente trabajamos en el ámbito interno, sino también estamos trabajando en el ámbito internacional y multilateral”, agregó.
La conferencia fue convocada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el salón “José María Morelos y Pavón” de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sede del evento, Jacqueline Peschard participó en la mesa “Prolongando la reforma al sector público: evaluación, transparencia y comunicación”.
La comisionada presidenta del IFAI propuso ante académicos, líderes de opinión pública, representantes de centros de investigación y miembros del sector privado el desarrollo de un plan de gestión de documentos electrónicos que tome en cuenta el progreso constante de la tecnología, la rápida obsolescencia de los programas informáticos y la degradación del medio en que la información se encuentra grabada.
A partir del “Diagnóstico organizacional representativo” en materia de archivos 2007 en la Administración Pública Federal, indicó, se concluyó que el sector público en su conjunto no valora el papel organizacional de los archivos, como instrumento indispensable para la toma de decisiones a nivel interno y para la rendición de cuentas al público.
Por ello, dijo que los retos en esta materia, además del plan de gestión de documentos electrónicos, son el desarrollar la sociedad informatizada y el gobierno electrónico, así como la preservación y seguridad de la información contenida en los archivos electrónicos.
“El acceso a la información complementado con archivos bien organizados, contribuye a un escrutinio público permanente, a un servicio público más eficiente y a la construcción de una ciudadanía plena”, aseguró.
Peschard señaló que el derecho de acceso a la información es un instrumento que permite la participación ciudadana en la construcción y evaluación de políticas públicas, así como su evaluación y control social.
El acceso a la información, indicó, puede ser un detonante para el ejercicio de otros derechos, como el de expresión, sufragio, asociación, etc. “Es por tanto un derecho instrumental, que potencia el ejercicio de otros derechos y conlleva obligaciones para las autoridades”, agregó.
En la mesa participaron también Lilian Susana Soto Badaui, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de la Función Pública de Paraguay; José Antonio Torre, subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (México); Nilda Rojas Bolívar, secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, y José Roberto Zacapa Chinchilla, secretario general y encargado de Asuntos Legales del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de Honduras (moderador).