Acuerdan el SESNSP y la Setec acelerar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México

La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, de la Secretaría de Gobernación, suscribieron un convenio de colaboración, a fin de agilizar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en nuestro país y de aprovechar de manera óptima los recursos federales destinados para el efecto.

A partir de la firma de este convenio se coordinarán los siguientes aspectos:

Estrategias para el desarrollo conjunto de programas de planeación, capacitación, difusión, reorganización, infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información y comunicación, así como normativos, que permitan la homologación de criterios de asignación, ministración, ejercicio de los recursos federales, rendición de cuentas y evaluación, enfocados a fortalecer la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Colaboración en las reuniones y mesas de concertación con las Entidades Federativas para que inviertan recursos federales conforme al NSJP.

Información con respecto a las metas programadas.

Verificación de avances físico-financieros, cierres documentales de metas, homologación de equipamiento y demás, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para los ejercicios fiscales subsecuentes, con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación y concertación.

Lograr avances y resultados del Programa con Prioridad Nacional NSJP para las Entidades Federativas.

Este Convenio responde a la instrucción presidencial de lograr una coordinación sistemática de las acciones que realizan las instancias públicas a fin de cumplir las metas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Como lo ha señalado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la unidad de esfuerzos y el trabajo conjunto permite dotar de mayor equipo, capacitación e infraestructura a las instituciones de seguridad pública operadoras del nuevo Sistema Procesal Penal de Corte Acusatorio y con ello dar cumplimiento al mandato constitucional de materializar la reforma penal en nuestro país.