Antonio Mejía Robles, ex jefe de la Agencia Federal de Investigación en la SIEDO, y Miguel Colorado González, ex coordinador técnico de la Subprocuraduría, fueron detenidos en 2008, acusados de suministrar información sobre operaciones contra el narcotráfico a integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.
El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco dictó sentencia absolutoria en favor de los procesados al no hallar pruebas suficientes para inculpar a los ex funcionarios.
"El Juzgado de Jalisco determinó que las acusaciones en contra de Robles y Colorado carecen de valor probatorio, en razón de que fueron desvirtuadas durante el proceso penal, evidenciando que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban de manera directa", informó el CJF en un comunicado.
Robles y Colorado eran acusados de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y de colaborar de cualquier manera para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.
El Juzgado de Jalisco también absolvió a Colorado por el delito que se le imputaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.
"La autoridad jurisdiccional concluyó que los medios de prueba allegados a los autos resultan insuficientes para acreditar el ilícito; además de que se comprobó que proceden de la actividad preponderante que realizaba, conforme a los sueldos y salarios que percibió; a la compra venta de inmuebles obtenidos por herencia y otras actividades comerciales", indicó.
Los dos funcionarios hacen parte del grupo de trabajadores de agencias de investigación e integrantes de las fuerzas armadas de México que fueron detenidos durante una estrategia del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para depurar de las instituciones a funcionarios con vínculos con el narcotráfico.
Desde 2012 la SIEDO pasó a llamarse Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). (DPA)
