La llegada masiva de migrantes a la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, está provocando situaciones de discriminación como el hecho de que haya albergues que no acepten a personas que hayan cruzado a Estados Unidos de forma irregular.
Temperaturas extremadamente bajas se prevén para los próximos días en la frontera de Estados Unidos con México, advirtió este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que aconsejó a los migrantes no intentar el cruce de la línea divisoria para evitar tragedias.
La fuerte presencia militar y policial en la frontera entre México y Estados Unidos, en el límite entre Ciudad Juárez y El Paso, estrechó este miércoles aún más el ya limitado acceso de los migrantes que tratan de pasar.
El Gobierno de Texas desplegó a lo largo del borde del Río Bravo aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional estadounidense, intimidando con esto a los migrantes que se ubican del otro lado del río, en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que se mantiene de momento el Título 42, una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de migrantes.
Organizaciones civiles y cinco familias de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, se manifestaron frente al palacio de justicia de los Altos, tras un año de haber sufrido desplazamiento forzado.
En medio de la crisis que se vive en el norte de México, con la llegada de miles de personas que buscan cruzar a Estados Unidos, ha nacido el colectivo LGBT “Rompiendo Fronteras” para luchar contra la discriminación de autoridades y los mismos migrantes y convertir la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en un cruce seguro para los integrantes de esta comunidad.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump acusó este lunes al actual presidente, Joseph Biden, de crear un "cataclismo" en la frontera y demandó al Congreso que tome medidas como restablecer y hacer permanente el Título 42 e impedir a toda costa una amnistía migratoria.
Quedaban apenas horas para que el controvertido Título 42, la norma sanitaria que permite expulsiones en caliente de migrantes en la frontera de Estados Unidos, dejara de aplicarse. Y llegó el Tribunal Supremo.
Pese a que este año la Secretaría de Gobernación (Segob) detectó un incremento del 32% de "personas en situación migratoria irregular", en la fronteriza Tijuana, al norte de México, los que acapararon los albergues y las instancias de apoyo fueron los migrantes desplazados por la violencia y el crimen organizado de estados mexicanos como Michoacán y Guerrero.
Cientos de migrantes que cruzaron el lunes de forma masiva la frontera de México para entregarse a las autoridades estadounidenses tienen desbordada la ciudad de El Paso (Texas) y muchos de ellos tuvieron que pasar su primera noche en las calles soportando las bajas temperaturas en medio del caos.
Después de meses de recorrido, 1,500 migrantes que conformaban una caravana llegaron este lunes al norte de México para entregarse a las autoridades de la patrulla fronteriza y solicitar asilo político en Estados Unidos. En su travesía, fueron secuestrados en el norteño estado de Durango, por grupos de la delincuencia organizada.
Organizaciones de migrantes que trabajan en la frontera sur de México esperan la llegada de unos 8,000 haitianos en el municipio de Tapachula para fin de año, con la expectativa de después partir a Estados Unidos.
Unicef alertó este lunes que 16.5 millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe necesitarán ayuda humanitaria en 2023, por lo que este fondo de la ONU precisa recaudar 723 millones de dólares a fin de poder dar esa asistencia.
El crimen organizado ataca desde hace algunos meses albergues de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos a través de amenazas, extorsiones y agresiones, lo que ha puesto en alerta a migrantes y organizaciones de la sociedad civil.
Los defensores de una legislación que proteja de forma permanente en Estados Unidos a los llamados "dreamers" (soñadores), beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), han intensificado su presión para que el Congreso la apruebe antes de final de año.