México debe trabajar en la prevención del desplazamiento interno forzado, así como en la protección de las víctimas y ofrecer soluciones duraderas, concluyó este viernes Cecilia Jiménez-Damary, relatora de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
Latinoamérica fue escenario de 1.2 millones de nuevos desplazamientos forzados en solo un año, que se dividieron de forma casi idéntica entre los causados por desastres naturales y por situaciones violentas que forzaron a la gente a abandonar los lugares donde vivían.
El desplazamiento forzado en México obedece principalmente a la pobreza, inseguridad, violencia, discriminación y fenómenos naturales, sin embargo, no existen hasta ahora instituciones dedicadas a la atención de los desplazados, alertó Alexandra Bilak.