En conferencia de prensa expuso que en caso de recibir nuevos elementos se podría volver a ejercitar acción penal contra 22 funcionarios públicos, a 12 de los cuales se les revocaron autos de formal prisión, en ocho casos se decretó sobreseimientos y en dos se otorgaron amparos.
Afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) respeta las determinaciones que emite el Poder Judicial de la Federación, aunque no las comparta en particular cuando se basa en criterios que contravienen la ley, por lo que siempre acudirán a las instancias correspondientes para inconformarse con esas decisiones.
Comentó que en el caso de Godoy Toscano se actuará en consecuencia, ya que el Juez 1 de Distrito le otorgó un amparo para restituirle sus derechos políticos pero no contra la orden de aprehensión que continúa vigente.
En ese sentido, indicó que la PGR utilizará todas las medidas legales que la Constitución establece para hacer valer el Estado de derecho, por lo que acudirá ante los órganos jurisdiccionales necesarios.
Explicó que en el proceso judicial al que fueron sujetos 32 funcionarios públicos de Michoacán la PGR cumplió con su función al aportar elementos y prueba de ello es que jueces otorgaron el arraigo, la orden de aprehensión y abrieron proceso, aunque finalmente jueces y magistrados tuvieron diferentes interpretaciones.
Chávez Chávez señaló que la institución a su cargo actúa y actuará contra quien sea cuando haya pruebas de la probable responsabilidad de algunas personas, con el objeto de hacer prevalecer el Estado de derecho.
Señaló que ante el Consejo de la Judicatura solicitaron la víspera se revise el actuar del juez 1 de Distrito, Efraín Cázares López, aunque aclaró que el Poder Judicial tiene la última palabra para definir quiénes son culpables o inocentes.
A su vez la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, hizo un recuento del proceso que se siguió a 32 funcionarios públicos de Michoacán.
Precisó que el agente del Ministerio Público Federal cumplió con los requisitos legales de acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.
Explicó que eso se demuestra con el hecho de que los jueces que intervinieron en la secuela procesal concedieron el arraigo, dictaron órdenes de aprehensión y luego el auto de formal prisión y en algunos casos éstos fueron confirmados por un tribunal unitario.
En otro tema se refirió a la situación jurídica del Luis Servando Gómez Patiño, hijo de Servando Gómez Martínez alias “la Tuta”.
Explicó que esa persona, presa en el Centro Federal de Readapatación Social de Tepic, Nayarit, podría quedar libre, por lo que estarán atentos a la decisión que emita el Juez de Distrito.