Al presentar las conclusiones del Foro Nacional Efectos Ambientales y Económicos de la Instalación de Dragon Mart, en Cancún, Quintana Roo, subrayó que presentarán un punto de acuerdo para que el gobierno federal atraiga las resoluciones del proyecto, para que las secretarías de Medio Ambiente y Economía aborden los tema ambiental y económico, respectivamente.
En el acuerdo, también se solicitará la intervención de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), se manifiesta el respeto a las facultades legales del municipio de Benito Juárez, así como el respaldo al presidente municipal y empresarios nacionales.
Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, la legisladora por Michoacán destacó la importancia de dar seguimiento al proyecto, porque “vemos en este océano la nueva frontera de crecimiento, expansión y desarrollo económico del país, salvaguardando los intereses de empresarios nacionales”.
Por otra parte, el presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Julián Ricalde Magaña advirtió que existe un problema de migración china y, por ello, la Secretaría de Gobernación debería reflexionar sobre el tema.
Al respecto, puntualizó que se estará frente al nacimiento de un nuevo centro poblacional, sin resolver el problema ya existente en Cancún.
Subrayó que el municipio va a resolver, a través de una licencia de construcción, sobre lo que no se han pronunciado las secretarías de Gobernación y Economía; “lo niego o lo doy. Si se niega y después se gana en amparo, dirán: lo vendieron y si lo da: lo vendieron”.
Por ello, dijo, propició la participación de la sociedad civil, de los promoventes, porque no hay una licencia ni una solicitud de licencia de construcción. Lo que se necesita es hacer un análisis serio para dar respuesta a la solicitud de licencia que en cualquier momento los promoventes, van a hacer.
En tanto, la diputada Graciela Saldaña Fraire, solicitó la comparecencia de los secretarios involucrados, así como el compromiso por parte del Senado para dar seguimiento al proyecto.
Recalcó que el Convenio signado por el presidente de Chinamex y el anterior gobernador de Quintana Roo, se estableció la aceptación de apoyos, por parte de la empresa, como incentivos y estímulos otorgados en gestión y especie, al mismo tiempo que se informó del uso de recursos públicos provenientes de distintos fondos del gobierno estatal para apoyar proyectos productivos.
Dentro de esos beneficios, resaltó el 100 por ciento en caución de impuestos sobre traslado de dominio, 100 por ciento de exención de pagos de derechos de inscripción al registro público de la propiedad y 100 por ciento del subsidio de contribuciones por impuestos sobre nómina durante tres años, entre otros.
La Diputada también destacó que sólo ha dado permiso el gobierno del estado y que no hay permisos de cambio de uso de suelo en Semarnat.
La diputada Yazmín de los Ángeles Zapot solicitó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, como promotor y firmante del Pacto por México, en lo relativo a la transparencia y combate a la corrupción, informar a la sociedad mexicana los verdaderos intereses del proyecto Dragon Mart, “porque hay políticos que han apostado al proyecto que a todas luces genera dudas y sospechas”.
En su opinión, el proyecto es la puerta de entrada a los chinos para apoderarse de selvas y bosques, “esta es la conquista silenciosa de China en el país, así de esa magnitud estamos hablando”.
En su momento, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, señaló que en el marco de referencia jurídico ambiental, hay algunos instrumentos internacionales que se están violando.
“Tiene que ver con una cuestión de legalidad, ya que jurídicamente el procedimiento no se está siguiendo bien”, por lo que si de verdad interesa la legalidad, dijo, “es necesario empezar a pelear”.
Por su parte, Alejandra Serrano Pavón, también del CEMDA, señaló que se encontraron violaciones a los derechos de información y de participación, pilares del derecho a un medio ambiente sano y precisó que la manifestación de impacto ambiental presentada ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, no cumplió con los procedimientos establecidos con la legislación estatal.
Agregó que el proyecto tiene contemplada la instalación de una planta desaladora y, al ubicarse sobre el sistema de aguas subterráneas de la península, a menos de 3,500 metros de la costa y de un área natural protegida, tiene que solicitar ante la Semarnat una autorización en materia de impacto ambiental.
Guadalupe Velázquez Olimán, de Movimiento Ciudadano Voces Unidas de Quintana Roo, solicitó al Senado instalar una comisión especial que analizar los impactos del proyecto, cuya sesión de apertura se realice en Cancún o en Puerto Morelos propiciando un debate abierto con afectados directos de la región.
Además, exhortó al Ejecutivo a exponer un estudio pormenorizado del impacto económico social, cultural y migratorio, que al mismo tiempo evalúe, por parte del órgano administrativo, el impacto de un proyecto de esta naturaleza.
En lo relativo a la evaluación del impacto económico, Sergio López de la Cerda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, destacó que para diversificar la economía, el gobierno debería sentarse con los actores de los diferentes sectores, pero que en el caso de Cancún, el gobernador no ha querido dar citas para hablar del tema.
Asimismo, se pronunció por la creación de un bloque latinoamericano que genere interacción en toda América y que proyecte la venta de productos hacia afuera para generar más riqueza hacia adentro, en lugar de eliminar la mano de obra mexicana.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA, a través de su asesora en materia ambiental, Lourdes Aduna Barba, sugirió que la Semarnat atraiga el caso para que se evalúe la operación, construcción y cierre de la obra, “que se dice es a infinito”.
Sugirió que los inversionistas -60 por ciento de inversión a nivel nacional- utilicen los recursos económicos para instalar el Tequila Mart, con el propósito de fortalecer la industria manufacturera e incrementar la creación de empleos en el país.
Además, pidió que la Secretaría de Economía instale mesas de negociación para fortalecer los elementos que requiere cada cadena productiva y determinar así cómo se puede impulsar el empleo y la prosperidad de los mexicanos.
Finalmente, Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, declaró que el proyecto no parece consistente, porque los productos chinos pueden excluir de manera no competitiva a las empresas mexicanas. “Es exactamente lo contrario a la propuesta del presidente Peña Nieto que es incrementar el contenido nacional”.
No se puede disfrazar una inversión privada que en realidad se trata de un tratado de libre comercio, agregó, por lo que solicitó a la Secretaría de Economía investigar y expresarse sobre la consistencia del proyecto.