La SIP también repudió el atentado contra las instalaciones del diario El Siglo de Torreón, en el estado de Coahuila, perpetrado hoy.
Según denunciaron directivos de ese periódico a la SIP, tres personas estacionaron sus automóviles frente a la puerta principal de la sede del diario, incendiaron uno de los vehículos que se encontraba en el lugar y dispararon contra el edificio.
En el incidente no se registraron víctimas, según un comunicado de la SIP.
Este es el tercer ataque que sufre el grupo periodístico de El Siglo: en 2009 tanto las instalaciones del periódico en Torreón como de Durango fueron atacadas con disparos en sus fachadas, provocando daños materiales y pánico.
"La zona de La Laguna, que abarca áreas de los estados de Coahuila y Durango, han sufrido los embates del crimen organizado, lo que ha provocado autocensura debido a los atentados contra medios, amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas", informó la SIP.
El presidente de la SIP, Milton Coleman, lamentó también que "un periodista debe emprender una huelga de hambre para subrayar el derecho a expresar una opinión sobre funcionarios que están en cargos debido a la gente y también a los periodistas, que pueden o no haber votado por ellos".
Coleman, editor senior del diario The Washington Post, subrayó que "las decisiones contra 6to Poder conllevan el riesgo de generar autocensura y de privar al pueblo en una democracia de expresar sus opiniones sobre sus representantes".
"Se debe dejar a las personas y a la prensa, no al Gobierno, decidir cuándo una opinión sobre el Gobierno está fuera de límite", enfatizó.
A su vez, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, pidió la liberación de García, mientras dure su proceso judicial.
Mohme, director del diario La República, de Lima (Perú), también reclamó "por un debido proceso judicial en el que se eviten represalias de tipo político, como aparentan en este caso".
García se entregó a la justicia el 30 de agosto pasado y permanece en prisión preventiva en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Las autoridades venezolanas le acusan de los delitos de "instigación pública al odio", "vilipendio a funcionario público y "ofensa pública por razones de género", por la difusión de un fotomontaje el 20 de agosto pasado que mostraba los rostros de varias funcionarias de cargos de alta jerarquía en cuerpos de cabareteras y bajo las órdenes de "mister Chávez".
El editor está en ayuno "indefinido" para reclamar la nulidad de los cargos en su contra.