Inadmisible la violación a los derechos de niñas y niños como ocurre en Tabasco: Lucy Pérez

No existe un calificativo para la actitud de un funcionario como Juan Diego López Jiménez, -adscrito al municipio de Tabasco, según admitió el propio alcalde, Humberto de los Santos Bertruy–, después de haber detenido, humillado y maltratado a un niño indígena que vende dulces para sobrevivir; las autoridades del municipio y del estado le deben una explicación clara y transparente a la sociedad, exigencia a la cual nos sumamos, sostuvo Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada federal y secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

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La diputada panista por Jalisco, Carmen Lucía Pérez Camarena.

“Una ola de indignación e impotencia se ha desatado a nivel nacional e incluso fuera del país al conocerse esta muestra de lo que es el abuso de poder, el ejercicio indebido del servicio público, la discriminación, la falta de respeto absoluta a los derechos de los niños y niñas, así como el abandono en que se encuentran las y los menores de edad que son victimizados por partida doble, por la pobreza, su necesidad de trabajar y por autoridades prepotentes.

La autoridad local, el alcalde y el gobernador, no pueden únicamente encontrar la salida fácil con el cese del funcionario, no es sólo eso. Ambos funcionarios le deben una explicación a la sociedad sobre la función de estos empleados, incluida la mujer que atestigua los hechos sin hacer absolutamente nada para impedir una acción cruel y abusiva, la cual también porta un gafete de funcionaria. ¿Qué criterios se usan para la operación de estas áreas? ¿de quién dependen? ¿Y el abuso de poder, el mal ejercicio del servicio público y sobre todo la violación a los derechos humanos del menor de edad? ¿Qué hace el DIF local y el nacional?”, expuso.

Ante estos hechos, la diputada federal solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues no puede darse por solucionado ese caso con el despido o con fincar responsabilidades administrativas a un funcionario de tercer nivel, además de estar a la expectativa de la determinación que tome la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco.

La diputada federal sostuvo que tampoco es suficiente lo que difundió en redes sociales el director de Fomento Económico del municipio, Faustino Torres, quien admitió que ya se habían registrado quejas en contra de su empleado, López Jiménez.

“Le solicitamos a ambas comisiones de Derechos Humanos no permitan que este tipo de actos queden impunes. Es deber de estas instancias procurar la protección de los desvalidos, de los niños y niñas, por eso solicitamos su intervención. Creo que estos hechos son una muestra de los graves problemas de discriminación, de abuso de poder, de falta de vocación del ejercicio público y de prepotencia que padecen miles de niños y niñas en el país quienes tienen que trabajar para poder sobrevivir”, señaló.

La legisladora por Jalisco sostuvo que un hecho de esta índole es una llamada de atención para todos, primero para las autoridades locales de quienes dependía el funcionario cesado, también para el DIF local, así como para las comisiones de derechos humanos y para quienes permitieron que el funcionario abusara de su poder.

En su toma de posesión el alcalde del municipio de Centro, Tabasco, Humberto de los Santos, se comprometió a tener un gobierno eficiente y se dijo confiado en su equipo de trabajo, esto ante la titular del DIF estatal, Martha Lilia López de Núñez. Hoy se demuestra que le fallaron sus funcionarios, pero no sólo a él, sino a quienes lo eligieron. Estamos a la espera de las acciones que emprenda también el DIF local.

“Por su puesto que también es una llamada de atención y una alerta para el Congreso, para el legislativo porque, mientras más se retrase la discusión de temas que afectan directamente a la sociedad y se cristalicen las reformas necesarias, hechos como este no podrán ser sancionados de manera drástica. Un menor de edad, niño o niña, no puede ni debe ser tratado como ocurrió aquí, esa es la cara real de la injusticia y no lo vamos a permitir.

Esperamos respuesta de las autoridades implicadas en el caso, a fin de que le demuestren a la sociedad su real compromiso con la aplicación de la ley y que no pretendan encubrir un caso como este que es la punta de un iceberg que debajo oculta problemas como el hambre, la pobreza y la discriminación. Quedamos a la espera de que inicie un proceso transparente y haya una solución justa para el menor y sanción para todos los funcionarios responsables”, concluyó.