Sumamos nuestra voz de reclamo y denuncia a las ya expresadas por los legisladores de nuestro Partido y de otras organizaciones sociales, que no han callado su preocupación ante esta difícil y compleja problemática.
Consideramos que es muy importante la pérdida de la agricultura y ganadería en las zonas impactadas por la sequía, pero es todavía más grave la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas residentes de esas áreas: rarámuris, tepehuanos, pimas, pápagos, kikapús, huastecos, huicholes, mazahuas, que han debido enfrentar solos la emergencia.
En prácticamente todas las zonas donde habitan los pueblos indígenas, se resienten de manera particularmente severa, las consecuencias de estos desastres naturales, mismos que acentúan su descapitalización, la falta de inversión productiva, la baja productividad, los altos niveles de erosión del suelo y las escasas posibilidades de agregar valor a sus productos.
Ante la emergencia nacional, muchos han optado por la emigración; los estragos del cambio climático los empuja, pero llevan consigo décadas de rezagos y abandono. Quienes se quedan en sus comunidades deben resignarse con los paliativos de medidas elaboradas en función de la coyuntura.
No ha habido una política eficaz del gobierno federal para resolver la pobreza estructural de los pueblos indígenas, que los deja inermes ante los fenómenos climáticos. Hoy, se recurre al asistencialismo gubernamental y a la generosa solidaridad de la sociedad, para paliar el hambre. La situación en la Sierra Tarahumara es el cruel resultado de esta política y el reflejo de que, en medio de este desastre, la población indígena es, como siempre, la más castigada.
La sequía ha desnudado las profundas desigualdades de los pueblos indígenas y ha colocado a millones en una condición extrema. Por eso se ha discutido intensamente que mientras en sus comunidades de alta y muy alta marginación se observa con desesperación cómo muere su ganado, cómo se pierden sus cosechas y cómo aumenta su desnutrición y su hambre, el gobierno vete, con cualquier argumento, el decreto legislativo que destina fondos (10 mil millones de pesos) para hacerle frente a esta emergencia.
El destino de los pueblos indígenas está amenazado y en el corazón de la incertidumbre está el burocratismo, la inercia, la lejanía de quienes debieran ser sus principales aliados.
Sin embargo, la adversidad que enfrentan no desmoviliza ni desmotiva a los pueblos indígenas. Ellos reclaman hoy no sólo el ejercicio de la solidaridad humana, sino el respeto a su derecho a la vida y el cumplimiento del compromiso constitucional de quienes los gobiernan.
Los pueblos indígenas ya no quieren las políticas asistencialistas y menos los alardes publicitarios que se promueven para tranquilizar conciencias. Hoy demandan un cambio a fondo para dejar de estar sumidos en la pobreza, para no ser tan vulnerables a los estragos del cambio climático; para enriquecer su ser y su identidad.
La sequía que hoy recorre sus pueblos milenarios profundiza hoy su triste realidad. Las condiciones de vida de los indígenas están siempre por debajo de los promedios de los demás mexicanos y, confirman que nadie en México es más pobre y marginado que los indígenas.
La aridez de los suelos que domina el paisaje indígena expresa también la aridez de las políticas públicas, incapaces de restituirles los derechos y las riquezas que ancestralmente les han sido arrebatadas.
Ante su actual deprimente y dramática condición social, es muy importante destacar que en todas sus adversidades han habido notables muestras de solidaridad ciudadana, ejemplo que nos compromete a plantear la urgencia de un nuevo modelo de desarrollo étnico, integral y sustentable, que ha sido un reclamo histórico de los pueblos indígenas.
Hoy, desde el PRI, expresamos a los pueblos indígenas nuestra plena solidaridad y asumimos el compromiso de apoyar, como lo ha reiterado nuestro abandearado a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, las causas que reivindiquen su histórica aspiración a la justicia y a las oportunidades de su desarrollo integral.
Es la única manera de frenar la vulnerabilidad recurrente por los cambios climáticos, pero sobre todo, de propiciar los cambios y reformas estructurales que se requieren para que estos más de diez millones de nuestros compatriotas salgan de la pobreza, eleven sus condiciones de vida y, a partir de sus profundos valores ancestrales, asegurarles un futuro más equitativo, justiciero y digno.