Se exhortará al gobierno de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aseguren los derechos políticos de los chiapanecos, indicó el legislador en rueda de prensa.
Dijo que las familias involucradas han denunciado que el ex comisariado, Raúl Jiménez Pérez, y el ex presidente municipal, Armando Aguilar Jiménez, pretenden sancionarlos económicamente por no haber votado por el PRI, acusándolos de incumplimiento y desacatos de supuestos acuerdos internos.
“Esto es una prueba fehaciente de la coacción del voto y estamos haciendo la denuncia, no sólo de esta forma de coacción del voto, sino también la denuncia de la persecución de la cual las familias están siendo objeto por el simple hecho de votar por diputados de su elección, en este caso, por candidatos del Movimiento Progresista”, dijo Batres Guadarrama.
El ejidatario Alberto Aguilar Vázquez explicó que el acuerdo para votar favor del partido PRI-PVEM lo realizaron el ex comisariado Raúl Jiménez Pérez, el ex presidente municipal, Armando Aguilar Jiménez y su padre, Arnulfo Aguilar Santiago.
“Porque pegamos en nuestras casas las propagandas de los candidatos de izquierda nos encerraron en la cárcel desde el 10 de agosto y nos sacaron el domingo en la noche, ahí nos hicieron firmar una acta en la que nos comprometíamos a pagar 30 mil pesos por no haber votado a favor del PRI”, explicó.
En la conferencia de prensa estuvieron los ejidatarios Alberto Aguilar Vázquez, María Cruz Pérez Velasco, Julio César Aguilar Morales y Patricia Martínez González, representantes de las 13 familias acosadas por autoridades locales.
