Señaló que el trabajo de los ministros respondió a su naturaleza institucional y atendió una exigencia de la sociedad, pero no interrumpe la investigación en curso, ni anula los procesos penales que las procuradurías General de la República y de Sonora han consignado ente los tribunales, 17 del fuero federal y siete del local.
En rueda de prensa, lamentó la situación por la que pasan los padres de las 49 víctimas del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 y destacó que dicho suceso es un catalizador de cambio para revisar y en su momento cambiar las reglas en torno a las guarderías del país.
Asimismo, resaltó que una de las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la adecuada atención de los grupos vulnerables, en particular a los derechos de los niños, así como la instrumentación de una serie de acciones impostergables.
Como parte de ello, dijo, se revisará el marco legal de la protección civil, para proponer al Congreso adecuaciones en la materia.
Adelantó que en el próximo periodo de sesiones se atenderán con celeridad esas modificaciones para garantizar la eficacia de los mecanismos de protección civil, con la homologación de criterios y con protocolos de atención a riesgos y emergencias en los servicios de asistencia social.
Gómez Mont subrayó que dichos criterios serán obligatorios para todas las guarderías del país operadas por el gobierno o por particulares, y dijo que la seguridad y el sentido de responsabilidad se fortalecerán con el cumplimiento de esa normatividad.
El funcionario federal añadió que es responsabilidad del Estado generar una política íntegra y concurrente para evitar que se repitan acontecimientos trágicos como el ocurrido en la Guardería ABC.
Sostuvo que es firme la determinación del gobierno “de cumplir de cara a la sociedad con la atención vitalicia que merecen los heridos y de brindar apoyo solidario a sus familiares”.
“Asumimos nuestro compromiso institucional ante una sociedad que ejerce su derecho a exigir gobiernos responsables y sensibles. Reiteramos nuestro profundo pesar por los hechos ocurridos, así como por el doloroso proceso que en busca de justicia han vivido las familias de esos niños”, aseveró.
Por otra parte. comentó que la denuncia de los padres afectados ante instancias internacionales son un derecho constitucional y que a la Secretaría de Gobernación le toca garantizar que se ejerzan y se realicen las acciones correspondientes, por ello también se asumirán las resoluciones que fueran dictadas.
Respecto a la responsabilidad de los funcionarios del IMSS, el actual director Daniel Karam Toumeh, y el ex director Juan Molinar Horcasitas, subrayó que éstos no sólo fueron conmovidos por la tragedia sino que tampoco se les ha podido acredidtar que tuvieran un margen de responsabilidad para evitarlo.
En ese sentido, subrayó que no se debe centrar la responsabilidad de los hechos en los funcionarios que tienen la responsabilidad nacional sino en quienes tenían la posibilidad concreta de evitar una tragedia.
