Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Frayre, había sido detenido el 16 de junio de 2009, pero fue liberado el 30 de abril de 2010 después de obtener una sentencia a su favor que libraron los tres jueces que ahora podrían enfrentar cargos.
Frayre, de 16 años, fue asesinada en 2008 y a partir de entonces su madre, Marisela Escobedo, comenzó a exigir justicia hasta que ella misma fue asesinada de un balazo a quemarropa por un desconocido mientras se manifestaba contra la impunidad del caso el pasado 16 de diciembre en Chihuahua, la capital del estado.
Antes de morir la activista había encabezado diversas marchas y protestas en Ciudad Juárez y en Chihuahua para exigir al entonces gobernador del estado, José Reyes Baeza, que se hiciera justicia en el caso del asesinato de su hija.
Representantes de los distintos partidos políticos de Chihuahua consideraron hoy válida la petición presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de abrir juicio político a los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, quienes fueron separados de sus cargos el mes pasado.
Ellos dejaron libre a Barraza, una sentencia que posteriormente fue revisada y sustituida por otra esta vez condenatoria. Actualmente el hombre está prófugo.
Esta mañana la juez Ochoa negó, en declaraciones a una televisión local, que Barraza hubiera alguna vez confesado el crimen de Frayre, como se ha dicho públicamente hasta ahora.
El caso, seguido con atención porque se presume que Barraza o personas cercanas a él pudieran estar tras la muerte también de la madre de Rubí Marisol, es uno más en México donde se critica la impunidad reinante en el país.
Sin embargo, los tres jueces analizan ya la posibilidad de pedir asilo político en EU si hay acciones legales contra ellos al considerar que se vulneraron los principios de independencia judicial y división de poderes en un caso que consideran politizado.
Esta mañana el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, Javier Ramírez Benítez, dijo en rueda de prensa que los jueces del caso Rubí no son perseguidos políticos.
"No deben sentirse perseguidos. Únicamente se abrió un juicio para investigar y ver si en ese proceso específicamente hubo algún hecho que se considere como una falta oficial. Si se revisa y se considera que no hubo ninguna, entonces no habrá problema y serán reinstalados", expresó Ramírez Benítez.
También sobre el caso el gobernador del estado, César Duarte, indicó que la ley permite sancionar a los jueces si no actuaron conforme a derecho.
"La ley es el marco que no sólo nos lleva a una convivencia institucional, sino que también nos lleva al cumplimiento de la misma", apuntó.
Dos hijos de Marisela Escobedo, que tramitan una petición de asilo político en EU, actualmente están retenidos en un centro migratorio de El Paso (Texas), urbe fronteriza con Ciudad Juárez, a la espera de la respuesta del gobierno estadunidense.