Refirió que se debe constatar las condiciones en que operan, quiénes laboran y de dónde vienen, debido a que en muchos casos se encuentran extranjeros, principalmente mujeres, que son víctimas de esta acción ilegal.
Es importante corroborar que se respete el reglamento municipal y que no se permita la venta y consumo de alcohol a menores, que menores de edad no laboren en estos centros y que extranjeros no desarrollen actividades contra su voluntad, es decir que sean explotados, dijo.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el estado, por ser frontera con Guatemala, enfrenta el mayor riesgo, “la muestra es que hay víctimas de trata en bares y cantinas pues ahí se han desmantelado varias redes de delincuentes y se han detenido a varias personas, algunas ya con sentencia”.
Destacó el esfuerzo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el combate a la trata, tras haber desarticulado unas 35 bandas delictivas y aprehendido a unas 300 personas este año.
Sin embargo, dijo, “bien vale la pena que el Sector Salud se involucre, junto con los ayuntamientos, en la verificación de las condiciones en que operan esos establecimientos”.
Insistió en que la sociedad deberá crear una red para la defensa de los derechos de los niños y las mujeres, los más vulnerables a este fenómeno, “tenemos que actuar con mucha energía contra el comercio sexual, hay muchos casos de abuso en contra de menores”.
Insistió en que el sureste del país es más vulnerable a la trata de personas, “en el estado hay municipios con la mayor incidencia que otros, como Tapachula, Motozintla, Comalapa, Suchiate, entre otros, donde hay mucho por hacer para contrarrestar este flagelo”, dijo.
