El presidente de la Organización de Porcicultores del País, Heriberto Hernández Cárdenas, refirió que por dicha competencia desleal, que data desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alrededor del 40 por ciento de los productores nacionales han desaparecido.
Puntualizó que en 1985 los porcicultores mexicanos cubrían el 85 por ciento del mercado nacional y hoy en día sólo abarcan el 60 por ciento, lo que dimensiona el impacto de esas prácticas.
A pesar de que la industria nacional del ramo se ha modernizado e incrementado, rubros como la productividad con parámetros a escala internacional no crece y está deprimida, agregó.
Detalló que mientras la industria crece sólo al 1.5 por ciento, las importaciones de carne de cerdo, particularmente en subproductos como pierna y espaldilla, aumentan hasta 12 por ciento anual.
En conferencia de prensa, el dirigente refirió que por esa razón y dado que la situación de competencia desleal se ha agravado, seis empresas promovieron el pasado 30 de junio una queja ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía.
Sobre el procedimiento, Alejandro Gómez, abogado de la Oporpa, dijo que se trata de una queja antidumping, debido a que esos productos ingresan al país con márgenes de discriminación de precios que van del 18 y el 54 por ciento.
Señaló que este 26 de septiembre se cumple el plazo para que la dependencia federal publique en el Diario Oficial de la Federación el inicio de la investigación, con base en la Ley de Comercio Exterior, pero debido a la emergencia ocasionada por los sismos, se decretaron algunos días inhábiles y por ello se retrasará un poco.
Gómez sostuvo que dada la solidez con que presentaron la queja, confían en que la investigación, que durará alrededor de 12 a 18 meses, tendrá resultados positivos ya que está basada también en el acuerdo antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Por su parte, Heriberto Hernández, aclaró que esta investigación es paralela a las negociaciones para la modernización del TLCAN, por lo que no se corre el riesgo de que se contaminen ambos procesos.