Así lo destacaron durante la primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que presentó el estudio La matriz de la desigualdad social en América Latina. Este documento analiza la desigualdad en la región, basada en una matriz productiva heterogénea que genera una elevada disparidad en los ingresos, a partir de lo que considera sus principales ejes estructurantes, como son el nivel socioeconómico, el género, la condición étnico-racial, la edad y el territorio.
Esta reunión se celebró con ocasión del VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, inaugurado el 31 de octubre y en el que intervino la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Según recordó la alta funcionaria de las Naciones Unidas, se estima que a fines de 2015 vivían en América Latina 175 millones de personas en situación de pobreza (29.2 por ciento de la población total), de las que 75 millones se encontraban en condición de indigencia.
“Venimos hoy a proponer a los países un marco analítico que interpela a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de desentrañar los ejes estructurantes de la desigualdad y su vínculo con la pobreza y la riqueza. Esos ejes se entrecruzan y potencian reproduciendo severas brechas en el nivel de ingresos, en el acceso a los recursos productivos y al trabajo decente, así como en la inclusión social y el ejercicio de derechos”, señaló Bárcena.
El documento fue presentado este martes por la directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Laís Abramo, y comentado por la vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) de Perú, Cayetana Aljovín, y la subsecretaria de Desarrollo Social de Uruguay, Ana Olivera.
La vicepresidenta Margarita Cedeño defendió la implementación de estrategias inclusivas para abordar la desigualdad desde un enfoque de derechos y con una mirada integral, entre las que citó el incremento del empleo formal, el aumento de la productividad y la mejora de los sistemas fiscales.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) de Perú, Cayetana Aljovín, resaltó que las políticas de desarrollo social requieren una articulación entre el Estado y la sociedad civil, mientras que la subsecretaria de Desarrollo Social de Uruguay, Ana Olivera, subrayó la relevancia de abordar la dimensión cultural para luchar contra la desigualdad en la región.
En sus acuerdos, aprobados al cierre de la reunión, los países reconocieron también las aportaciones realizadas en el documento y destacaron la importancia de avanzar en la generación de empleo productivo y trabajo decente, la universalización del acceso a una educación y salud de calidad y la construcción de sistemas integrales y universales de protección social para lograr la erradicación de la pobreza y actuar sobre las brechas de desigualdad.
Asimismo, pusieron de manifiesto la relevancia de contar con información estadística sistemática sobre las diferentes dimensiones de la desigualdad definidas en esta publicación, así como de progresar en la formulación de acuerdos, pactos y consensos sociales para afirmar una cultura de la igualdad capaz de superar la cultura de privilegio que históricamente ha caracterizado a la región.
Los países también valoraron la labor realizada por la CEPAL en la elaboración de este y otros estudios, la generación y ampliación de bases de datos, la prestación de asistencia técnica y la cooperación e intercambio de experiencias.
Esta Conferencia es un órgano subsidiario de la CEPAL creado en mayo de 2014. La primera reunión de la Conferencia tuvo lugar en Lima en noviembre de 2015 y su segundo encuentro se realizará en Uruguay en 2017. La Mesa Directiva está presidida actualmente por Perú, acompañado en las Vicepresidencias por Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana.