La ONU levanta las sanciones sobre el Banco Central de Libia

El Consejo de Seguridad de la ONU acordó el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al inicio del conflicto libio sobre el Banco Central de Libia y una de sus entidades subsidiarias, el Banco Exterior Árabe Libio (LAFB).

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La resolución fue aprobada por consenso por la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU.

El comité de sanciones del Consejo de Seguridad aprobó una medida que permitirá a las nuevas autoridades libias disponer de fondos para reconstruir el país y sus instituciones hasta ahora bloqueados por las resoluciones aprobadas en febrero y marzo pasados por el máximo órgano internacional de seguridad.

Diplomáticos de los países de la Unión Europea (UE) en la ONU señalaron que sus naciones trabajarán ahora juntas para desbloquear los fondos de esas entidades que estén en su poder y que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido alcanzan los 6,500 millones de libras (7,745 millones de euros).

"Esta medida permitirá a Estados Unidos y otros países descongelar miles de millones de dólares para ayudar a los libios a construir su nueva democracia", señaló por su parte en un comunicado la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, tras hacerse pública la decisión del comité de sanciones.

Las autoridades libias habían pedido hace unos días que se levantaran las sanciones sobre el Banco Central de Libia y el Banco Exterior Árabe Libio (LAFB), algo que el comité de sanciones estudió y decidió aprobar este viernes ante la falta de objeciones por parte de ninguno de los miembros del Consejo de Seguridad.

El pasado septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva resolución en la que relajó las sanciones contra el país norteafricano, principalmente las relativas a las compañías petroleras, pero mantenía a los bienes del Banco Central libio debido a ciertos impedimentos para garantizar que el desbloqueo sería seguro, según indicaron fuentes diplomáticas.

Esas mismas fuentes detallaron que la razón se debía a las preocupaciones existentes sobre quiénes eran los propietarios legales de los bienes, en un intento por evitar que acabaran en manos de la familia Gadafi o su círculo de ayudantes.