El proceso, que se espera abarque unas tres semanas, es fruto de la demanda previa presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y varios estados, alegando que el acuerdo socavaría la competencia entre supermercados y provocaría un aumento en los precios de los productos que afectaría a los consumidores.
"Detener este acuerdo multimillonario mantendrá la competencia y frenará la subida de los precios de los productos de los alimentos, estimulando una mejora de la calidad para ser elegidos", dijo Susan Musser, abogada de la FTC, el lunes en la jornada de alegatos iniciales, posicionándose claramente contra la fusión.
La demanda de la FTC -a la que se sumaron los estados de Oregón, Arizona, California, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Wyoming y el Distrito de Columbia- también incide en que la fusión perjudicaría al poder de negociación de los trabajadores sindicalizados.
Por su parte, desde Kroger y Albertsons han asegurado que si se desbloquea la situación, se comprometerán a reducir los precios por un total de mil millones de dólares acumulados en sus productos y que respetarán los esfuerzos de sindicalización de sus empleados.
Ambas compañías también han acordado vender cerca de 600 establecimientos a la empresa mayorista C&S Wholesale Grocers para ayudar a que la operación supere los estándares antimonopolio en el examen de los organismos reguladores.
La propuesta de fusión se anunció por primera vez en octubre de 2022 y en septiembre de 2023 se dieron a conocer sus planes de desinversión.
Kroger y Albertsons creen que el acuerdo podría reducir los costes de sus operaciones (principalmente en esta última, cuyos precios son un 10 % superiores a Kroger) y permitirles competir con rivales como Walmart y Costco, las principales competidoras en el sector.
De materializarse, la fusión entre Kroger y Albertsons tendrá que esperar más allá de las tres semanas que se prolongará este juicio, pues otras demandas independientes presentadas en su contra en los estados de Colorado y Washington están programadas después de la de la FTC.
La situación refleja las tensiones actuales entre las grandes corporaciones y la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien -consciente también del impacto de los temas económicos en las elecciones de noviembre- ha apostado por leyes antimonopolio para contener posibles subidas de precios que puedan afectar al ánimo de los consumidores.